Aletas para las orejas, cortina para el cuello, visera desprendible, visor y cubierta facial inferior son algunos cambios que traería la regulación de cascos que se “cocina”, desde hace más de un año, en el Ministerio de Transporte, pero que todavía no tienen claridad en la definición y el alcance que tendría en un sector en donde solo el 2,8 % de los motociclistas cumple con los estándares de seguridad.  

El tema, que estuvo en silencio mientras se dio la transición al nuevo Gobierno de Iván Duque, volvió a ser polémico en la última semana por las declaraciones que entregó la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Hilda Gómez, quien expresó que la regulación está en su recta final para su firma, de la cual todavía no se conoce la fecha para que entre en vigencia.

“El Ministerio de Transporte está próximo a expedir una nueva resolución de cascos, donde se determina cómo deben ser para que realmente protejan al motociclista. Hoy en Colombia se venden muchos cascos que no protegen efectivamente, entonces esta nueva resolución lo que quiere es que quede claro cómo debe ser un casco para que proteja al usuario”, sostuvo Gómez en días pasados.  

Ante el impacto que tendría esta medida, por ello se intentó obtener más información con la entidad, pero manifestaron no entregar más detalles del tema hasta que esté en firme la resolución, lo que sí resaltaron fue que una vez entrada en vigencia, los motociclistas tendrán un plazo de un año para gestionar los cambios en los cascos que utilizan.  

El misterio ronda alrededor de las nuevas reglas que tendrán los motociclistas y con la que según el Gobierno se espera disminuir la mortandad vial de, al menos, 800 motociclistas con cascos de “buena calidad”, certificados con estándares de seguridad internacional, en donde para Colombia aplica la la NTC 4533; la DOT (estadounidense); y la ECE 2205 (europea).

Pese a que la medida generó sorpresa en los motociclistas, por la incertidumbre que quedó, esta no es la primera vez que se habla de un cambio para estos accesorios. Durante su paso por la entidad, entre 2017 y 2018, Alejandro Maya fue el promotor de la regulación y explicó que esta medida nació con el objetivo de “pasar de los cascos salva comparendos, a los cascos salva vidas”.

De acuerdo con Maya, esta media contempla una adaptación de la norma colombiana a las normas internacionales como la americana y la europea, por lo que durante su estancia en la entidad se procedió a una consulta pública internacional ante la Organización Mundial del Comercio, con un trámite de 90 días, tiempo que se cumplió en septiembre del año pasado.

“Nosotros dejamos adelantada la regulación con los estándares de la Organización Mundial del Comercio, ellos ya habían dado el visto bueno, por lo que desconozco el por qué aún no ha sido firmada o si estará siendo sometida a cambios. Esto nació al ver que en Colombia la gran mayoría de los motociclistas no usa casco y cuando lo hacen no cumplen con las condiciones específicas para salvar vidas en un momento de siniestro vial”, detalló Maya.

La medida se tomó teniendo en cuenta el ‘boom’ que ha tenido el sector de las motocicletas en los últimos años, llegando a sumar ya más de 9 millones de ellas, y que dejan, según un estudio realizado entre el Ministerio de Salud y la Fundación Bloomberg, alrededor de 3373 motociclistas muertos en las vías, de los 7355 fallecidos en incidentes presentados .  

Las autoridades creen que esto podría disminuirse con el uso adecuado de un casco certificado que, según el estudio, protege 69 % de las lesiones y 42 % de las muertes, estableciéndose así que la mayor causa de muerte en motociclistas y la principal lesión es el trauma craneoencefálico.

“Es necesario ejercer un mayor control a los actores viales, más aún cuando hay déficit de autoridades de tránsito en las regiones apartadas. No basta con que se presente el casco con las calcomanías, sino que esta regulación debe ser integral en todos los sectores”, expresó el exfuncionario.

Maya propone que el Gobierno Nacional debe ampliar el foco e implementar estrategias de comercialización, tributarias y de control operativo. La última concuerda con la postura de la directora de la ANSV, quien resalta que más que poner en cintura a los motociclistas, la medida exigirá a los vendedores de cascos que los comercialicen de acuerdo a los estándares internacionales.  

En referencia a la estrategia comercial, Maya sostuvo que en su momento se buscaba revisar la posibilidad de poder incluir en la venta de las motocicletas la entrega, de forma obligatoria, de dos cascos certificados para evitar que la medida sea pasada por alto.

En cuanto al control operativo, se detalló que si no se exige no habrá cumplimiento en la regulación, tomando como ejemplo las constantes evasivas del SOAT, que rodean el 70 %. Con respecto a las medidas tributarias, el exfuncionario explicó que deben otorgarse beneficios a los compradores de los cascos certificados, teniendo presente que su precio puede elevarse con la regulación.  

“Claramente no es lo mismo comprar un casco que vale 30.000 pesos en el mercado informal, y que no cumple ninguna condición técnica, a un casco que cumpla con todas las condiciones y que puede estar por encima de unos 180.000 pesos. Por eso sería importante volverlo más asequible a la gente a través de beneficios o algún tipo de subsidio”, sostiene Maya.

Precisamente, sobre esta estrategia el Gobierno Nacional ha venido desarrollando una campaña de la seguridad para estos accesorios, a través del Ministerio de Salud, en donde se pretende eliminar el impuesto a las ventas del 19 % en los cascos certificados, promoviendo así la compra del producto y esperando que se disminuya el 97,2 % de motociclistas que no usan uno certificado.

Para el viceministro de Salud, Iván Darío González, la estrategia va ligada a la prevención en donde se aplica adquirir ese tipo de cascos sin impuestos. “Si hacemos un beneficio tributario para que las personas compren cascos certificados sin IVA puede haber un gran impacto en la salud pública. El estudio da todos los elementos para demostrar que es una medida costo efectiva, al reducir las muertes y generar años de vida saludable”, explicó.  

De acuerdo a lo planteado por la autoridad en salud, los cascos certificados en el país tienen un costo promedio de 350.000 pesos sin impuesto, el cual se encuentra en el promedio de un casco no certificado. “Si baja el impuesto se mejora, teniendo en cuenta que en Colombia los incentivos tributarios en la compra de otros productos y servicios ha motivado una mayor obtención de estos, por lo que también se espera impactar con los cascos”, agrega el viceministro de Salud.  

Con el incentivo tributario también está la disminución de costos en los accidentes, los cuales, según un estudio de Fasecolda en 2016, costaban alrededor de 2,3 billones de pesos a la nación por la atención de este tipo de incidentes. “Acá lo importante de resaltar es que es prevenible la mayoría de incidentes. Necesitamos mejor reglamentación y mayor concientización de la ciudadanía para afrontar el problema. El costo más grande es que la mayoría de personas que se mueven en moto son jóvenes en plena productividad”, apuntó el funcionario.  

¿Qué dice el gremio?

Ante este panorama, también se consultó a los productores y comercializadores de cascos y su postura sobre la posible reglamentación. Para Nicolás Jiménez, director de ingeniería de Inducascos, la medida mejorará la comercialización de este accesorio para las motos y resalta que alrededor de esta todavía existe “desinformación” sobre cómo debe ser el futuro de los cascos.

“En ninguna de las certificaciones uno puede identificar a simple vista cuándo un casco es seguro, para poder definir eso hay que hacer pruebas de laboratorio. Estos cuentan con sus certificaciones impresas o en pegatina, pero a ojo eso no se sabe qué tan seguro sea. Además, hay desinformación en cómo debe ser el casco. Resulta que las aletas para las orejas, cortina para el cuello, visera desprendible, visor y cubierta facial, son elementos que no están en los estándares de las tres certificaciones conocidas”, expresó Jiménez.  

Para el vocero de Induscascos, que se hable de un periodo de doce meses para que se implemente la medida no da solución a las inquietudes que hay con el tema desde que se planteó, ya que indicó que es la respuesta que han obtenido desde el Ministerio de Transporte hace más de un año.  

“La directora de la ANSV dijo que a partir de la fecha en que se firme la resolución habrá un periodo de doce meses para que los motociclistas que se adapten a esta. El problema es que esta misma respuesta es la que hemos obtenido de la entidad y el Ministerio de Transporte desde hace tiempo y no aclara ni define nada”, agregó.  

Tanto Jiménez como Maya coincidieron que en Colombia hay un gran porcentaje de cascos que cumplen con el estándar de Estados Unidos o Europa, resaltando que eso no quiere decir que un casco que cumpla con estas especificaciones sea más costoso.

“A lo que habría que ponerle cuidado es al momento de la firma y del control que tendrán que asegurar que todos los productos que haya en el mercado para que realmente sean seguros. Entidades como la DIAN deben controlar la entrada de productos importados; la Superintendencia de Industria y Comercio debería vigilar los productos que se fabriquen en el país o que los que se comercialicen en las tiendas sean realmente seguros”, apuntó el vocero de Inducascos.  

En Colombia, actualmente se comercializan cinco tipos de cascos, en donde no todos cuentan con la misma seguridad pese a estar certificados. Abierto o jet, abatible, cross, multipropósito e integral son los nombres que identifican estos accesorios y que, según la directora de la ANSV, mientras se cuente con alguna de las tres certificaciones el producto no saldrá del mercado.

Esta situación, para Juan Pablo Becerra, jefe de accesorios del Grupo Corbeta, genera confusión, además de suponer para los productores “trámites engorrosos estando sometidos a un tercero”.  

“Nosotros pedimos un proceso más claro y que nos permita seguir comercializando los casos para continuar con el negocio que tenemos de proteger al motociclista colombiano. Que lo que se vaya a implementar sea discutido con todo el gremio y así potencializar todos los sectores”, agregó Becerra.  

Así las cosas, lo que queda es que el Ministerio de Transporte firme y dé luz verde a la regulación. Por el momento, en las calles del país continuarán los productores y motociclistas rondando con la incertidumbre que genera el tema.