Tres acuerdos parciales son el resultado de lo corrido en la negociación entre el equipo del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, donde se dialoga con el propósito de dar por terminado el conflicto armado en Colombia.

Aunque durante casi un año las comisiones han discutido sobre varios puntos clave en el tema de víctimas, fue hasta este jueves que se dio un avance concreto, al pactar la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que entrará a operar una vez se firme el Acuerdo Final.

Dicho logro se da en medio de las tensiones que provocó la suspensión del cese unilateral que decretó la insurgencia en diciembre, como respuesta a un bombardeo del Ejército a uno de sus campamentos, en el que fueron abatidos 26 guerrilleros en el Cauca.

Esto precedido por los acuerdos preliminares en materia de narcotráfico y drogas ilícitas, reforma agraria y participación política. A éstos se suman dos pactos de inmediata ejecución referentes al desminado humanitario y el reclutamiento infantil a menores.

Por ahora, en medio del conflicto, se ejecuta bajo la coordinación de Ayuda Popular Noruega un plan piloto de desminado humanitario, en donde guerrilleros y uniformados descontaminan inicialmente zonas acordadas en Antioquia y Meta.

En cuanto a los menores, si bien no hay compromiso para retirarlos de las filas, hay un compromiso por parte de la guerrilla para frenar el reclutamiento a los de menos de 17 años de edad.

Narcotráfico y Cultivos ilícitos

El pasado mes de mayo, las partes dejaron en claro cuáles serán los compromisos puntuales de la insurgencia, el gobierno y la propia comunidad para combatir el flagelo del narcotráfico.

El desminado, la entrega de rutas, la nueva política anti-restitución y las estrategias para bajar el consumo de drogas, son algunos de los puntos del tercer gran acuerdo entre Gobierno y Farc.

En el convenio se estipula que se dará vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para eliminar de manera definitiva y sostenible estos cultivos y la ilegalidad asociada a estos en todo el territorio.

Así mismo, se hará una política criminal que concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyen una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Una reciente polémica volvió a traer a la agenda el acuerdo, puesto que el presidente Juan Manuel Santos dio la orden de suspender el uso de glifosato en fumigaciones aéreas, atendiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y una sentencia de la Corte Constitucional.

Incluso, contrario a la postura del Procurador Alejandro Ordóñez, Santos no le ha cerrado la puerta a la cultura de la legalidad para abordar eficazmente el problema. De acuerdo con el jefe de Estado, los países deben llegar a un censo para descriminalizar las drogas, pero aclaró que en ese aspecto Colombia no tomará medidas unilateralmente.

“Necesitamos un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, pero tiene que ser global. Mientras no sea así, seguiremos a la ofensiva”, dijo Santos y agregó que el país buscará promover una solución integral que ataque todos los eslabones de la cadena del narcotráfico de forma diferenciada.

Política de tierras y desarrollo agrario

Luego de anunciar la primera tregua unilateral, el 26 de mayo de 2013 tras varios retrasos, y casi seis meses después de iniciar discusiones, se logró el primer acuerdo parcial sobre el primer punto de la agenda, sobre la política de tierras y desarrollo agrario.

En un hecho histórico para el país, el primer tema en discusión en Cuba tuvo como aspectos fundamentales:

- El acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, establecer una frontera agrícola y promover la protección de zonas de reserva.

- Generar programas de desarrollo con enfoque territorial.

- Mejorar la infraestructura y adecuación de tierras.

- Potenciar el desarrollo social basado en la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza.

- Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

- Creación de políticas alimentarias y nutricionales.

El acuerdo también incluyó una actualización de catastro rural para "seguridad jurídica" de campesinos.

"Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad agraria de Colombia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso a la tierra, la lucha contra la pobreza, el estímulo del campo. Busca que los habitantes del campo sin tierra, o con tierra insuficiente, pueda acceder a ella con el Fondo de Tierras para la paz", aseguró Carlos Fernández de Cossio, garante del Gobierno de Cuba para el proceso de paz.

Participación política de las Farc

Tras 16 rondas de discusiones, las delegaciones concretaron un segundo acuerdo en el controversial tema de la participación política del grupo subversivo, aspecto que provocó la polarización del país ante la posibilidad de que exguerrilleros puedan llegar a ocupar cargos de elección popular.

El 6 de noviembre de 2013 se presentó a la opinión pública el documento donde quedaron firmados los derechos para el ejercicio de la oposición política en general y las garantías de protección a guerrilleros que se vinculen a la democracia.

Entre esos acuerdos alcanzados se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Esta forma de participación se creó para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto, para que durante un periodo de transición, estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, ya que no tendrán curules en el Congreso de la República.

Así mismo, se estableció la seguridad para el movimiento de las Farc. Allí se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política de los miembros de este grupo.

Como otro punto se acordó la creación de una comisión para el estatuto de garantías. Aquí se plantea que se citará a un evento nacional a los voceros y representantes de movimientos políticos, para crear una comisión que establezca los parámetros del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. Asimismo, se conformará una misión de expertos para que evalúe la organización y el régimen electoral en el país.

Frente a la creación de consejos de reconciliación, se concertó establecer medidas que promuevan y garanticen “una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización”, donde también se asesore y acompañe a las autoridades en la eventual implementación del acuerdo general.

Lo que falta

Si bien la Comisión de la Verdad será un alivio para quienes han sufrido el conflicto, ésta no materializa la firma de un cuarto acuerdo parcial que especifique cómo será la reparación y tratamiento integral a las víctimas.

Por tanto, se espera que en los próximos ciclos se profundice, de la mano de la Canciller María Ángela Holguín, en el acuerdo que va de la mano al de las víctimas, referente a la justicia transicional y la terminación del conflicto.

Para esto, dos mesas técnicas (una con enfoque de género y otra con presencia de militares activos y jefes de la guerrilla), analizarán cuál será la mejor manera de buscar ese “máximo de justicia que permita la paz”, de cara al fin del conflicto.

Por ahora, la petición del presidente, negociadores, víctimas, sectores sociales y de la comunidad internacional es solo una: acelerar los diálogos de paz, especialmente tras la escalada de violencia que se vive en territorio nacional.

*Bogotá | Colprensa