El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, extendió su solidaridad a su homóloga de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien podría ser expuesta a posibles reformas que afectarían su actuar autónoma e independiente dentro del Ministerio Público de ese país.

A través de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), 12 fiscales generales extendieron una comunicación en la que manifiestan su preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra del Ministerio Venezolano. 

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En el documento aclaran que el ente acusador adelanta investigaciones de los hechos ocurridos durante los meses de abril, mayo y junio.

El documento enviado a Ortega Díaz expresa la solidaridad de sus colegas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay miembros de la AIAMP

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Documento de la AIAMP

Los Procuradores y/o Fiscales Generales, representantes de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, manifiestan su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en dicho país.

En ese sentido, reafirmamos lo expresado en el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de fecha 6 de abril de 2017, y manifestamos nuestra convicción sobre el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal.

Consideramos, de esta manera, fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la administración de justicia, especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía.

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Para ello, resulta imprescindible mantener irrestrictamente la titularidad del ejercicio de la acción penal en los Ministerios Públicos, como núcleo del sistema penal acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso.

Rechazamos de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso.

En este sentido, repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, los Fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público y expresamos nuestra solidaridad con la actuación de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, empeñada en el resguardo de la constitucionalidad y la legalidad de su país.