Tras casi dos meses de protestas antigubernamentales que mantienen en zozobra a los venezolanos, las autoridades electorales anunciaron el martes la decisión de convocar a comicios para gobernadores en diciembre, pero la medida parece estar lejos de ayudar a resolver la crisis que sacude a Venezuela, ya que en lugar de elecciones presidenciales adelantados como piden muchos, se aprobó que primero se realice la de los miembros de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que la oposición ve con recelo y cataloga de inconstitucional.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció la noche del martes que la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, entregada horas antes por el presidente Nicolás Maduro, "cumple" con lo establecido en la carta magna y en consecuencia el directorio del CNE aprobó por "unanimidad" trabajar en una propuesta de cronograma que "culmine en una elección para la Asamblea Constituyente a finales del mes de julio". 

"Por esta vía, las fuerzas políticas del país podrán movilizar sus militancias en función de opciones electorales y aportaran a la consolidación de la paz y el juego democrático" en Venezuela, dijo Lucena en una declaración difundida por la televisión estatal. 

Al menos 53 personas han muerto en la ola de protestas y saqueos que comenzó en marzo. 

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La presidenta del CNE, empero, no despejó las dudas en torno a la realización de las elecciones de gobernadores, que como ocurrió en fecha reciente, podría no llegar a buen término. De concretarse la elección y posterior instalación de una Asamblea Constituyente impulsada por Maduro, la realización de los comicios regionales quedará sujeta a la voluntad de los constituyentes, quienes estarían facultados para diferirlas por un tiempo indeterminado hasta tanto se redacte una nueva carta magna e incluso definir un nuevo sistema electoral que podría bloquear las elecciones regionales en absoluto. 

Las elecciones de gobernadores ya fueron postergadas a finales del año pasado y también están pendientes las de alcaldes, sobre las cuales Lucena no se pronunció, y que se encuentran en un limbo desde febrero pasado, cuando el CNE ordenó la renovación de las nóminas de militantes de los partidos para que pueda participar en cualquier futuro proceso electoral. 

Bajo los términos propuestos por Maduro, un tercio de los 540 miembros de la Asamblea constituyente será reservado para representantes elegidos por circunscripciones especiales y organizaciones sociales y gremiales. Los detractores dicen que tales grupos están dominados por el gobernante Partido Socialista y en lugar de continuar la tradición democrática de sufragio universal de Venezuela y las elecciones directas por voto secreto, el método podría inclinar el resultado en favor del gobierno. 

Maduro anunció ante varios cientos de seguidores en el palacio de gobierno que los 540 miembros de la Asamblea Constituyente serán elegidos en el "ámbito territorial y sectorial" y provendrán de los sectores pesquero, campesino, estudiantil, laboral, indígena, empresarial, de los pensionados, de las personas discapacitadas y de las organizaciones vecinales conocidas como comunas y consejos comunales, que en su mayoría forman parte de las bases del Partido Socialista. 

Las bases comiciales contemplan que la Asamblea Constituyente se instalará 72 horas luego de su proclamación y sesionará en la sede del Congreso. 

Las bases comiciales fueron rechazadas por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que acordó por unanimidad llamar a un referendo consultivo para preguntar a los venezolanos si aceptan o no que se dé el proceso constituyente, y sobre la permanencia de Maduro en la presidencia hasta el 2018. Para que el proceso de referendo pueda prosperar necesita el respaldo del Consejo Nacional Electoral, que está vinculado al oficialismo. 

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"Desconocemos total y cabalmente una convocatoria que se hace contra la constitución", dijo el presidente del Congreso, el diputado Julio Borges, tras acusar a Maduro de continuar con el "golpe de Estado". El dirigente ratificó que la oposición seguirá en las calles para enfrentar el proceso constituyente. 

Lucena también anunció que dado que está "casi culminado" el proceso de validación de los partidos políticos desarrollado en los últimos meses, el CNE decidió convocar las elecciones regionales para gobernadores y a los Consejos Legislativos estatales para el 10 de diciembre. Se espera que el jueves se aprueben ambos cronogramas. 

Es poco probable que los anuncios sean vistos con agrado por la oposición, que exige comicios presidenciales anticipados para conjurar la crisis que sacude el país. 

Pero el mandatario ha descartado esa posibilidad y ha dicho que la próxima elección presidencial será en 2018, cuando complete su mandato de seis años. 

Por otro lado, la jueza Marisela Godoy se sumó a la postura que expresó horas antes su colega Danilo Mojica y se convirtieron en los dos primeros integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que cuestionan de forma abierta la convocatoria de Maduro a la Asamblea. 

Godoy señaló en una entrevista con la emisora local Éxitos que el proceso constituyente no es la solución a la crisis que enfrenta el país, y dijo, al recordar una frase del fallecido presidente Hugo Chávez, que para hacerle cambios a la constitución había que consultar al pueblo. "No entiendo cuál es el criterio para que un grupo minúsculo, que no representa al país, que puedan lograr llegar a esas instancias, que acaben con la soberanía popular", agregó. 

Más temprano, Mojica indicó que Maduro no podía convocar a la Asamblea Constituyente sin hacer un referendo previo, y sostuvo que de no realizarse la consulta, la iniciativa sería "absolutamente espuria". 

"Una crisis de tal magnitud no se puede solucionar con la referida constituyente ni tampoco con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles", declaró el magistrado a la televisora regional Telecaribe, y agregó que se debe promover un consenso para unas "elecciones inmediatas". 

Mojica recordó que el proceso constituyente de 1999 fue convocado a través de un referendo y luego ratificado por una asamblea. 

Hasta ahora, durante los cuatro años de mandato de Maduro, los 32 integrantes del máximo tribunal se habían identificado como aliados del gobierno. 

El pronunciamiento de Mojica se da pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho miembros del máximo tribunal venezolano. 

Mojica y Godoy se sumaron a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien a finales de marzo denunció una ruptura del orden constitucional y la violación de la carta magna con las sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. Poco después, la Corte revirtió los polémicos dictámenes. 

Algunos medios difundieron la semana pasada una carta que envió Ortega Díaz al presidente de la comisión constituyente en la que también criticó la iniciativa de Maduro y planteó que no es el momento de promover una Asamblea Constituyente y redactar una nueva constitución. La funcionaria hasta el momento no se ha pronunciado sobre la misiva. 

El abogado y académico José Vicente Haro había señalado que la declaración de Mojica era relevante porque era el primer alto funcionario que se pronunciaba en público contra el proceso constituyente, que ha sido considerado por opositores y analistas un "fraude constitucional". 

Haro dijo a The Associated Press que la declaración de Mojica podría "mover la fibra de otros magistrados" a pronunciarse en contra de la iniciativa de Maduro.