La oposición venezolana convocó el viernes a una nueva jornada de movilizaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que enfrenta las protestas en medio de denuncias sobre un supuesto pago millonario a asesores brasileños.

La marcha, que estará encabezada por ancianos, intentará movilizarse desde el este de Caracas hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, para exigirle al gobierno mejoras económicas para los jubilados y pensionados y rechazar la convocatoria a la Asamblea Constituyente con la que Maduro busca reformar la carta magna. 

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Centenares policías y guardias nacionales con equipos antimotines rodearon la Defensoría del Pueblo y algunos puntos del centro de la ciudad, donde está la sede del gobierno y ministerios. 

Desde que se iniciaron las protestas hace seis semanas las fuerzas de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones hacia el centro de Caracas. 

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El diputado opositor Arnoldo Benítez, jefe de la subcomisión de pensionados del Congreso, exigió a las autoridades no bloquear la marcha de los ancianos y dijo que estaban dispuestos a todo para llegar a la Defensoría del Pueblo. "Aunque nuestra vida se quede en el camino, cumpliremos nuestro objetivo", indicó al diario local El Nacional. 

"Propinaremos una derrota definitiva a la derecha fascista", afirmó Maduro al descartar la víspera cualquier posibilidad de ceder ante las presiones de la oposición, a la que acusó de buscar un golpe de Estado y de recurrir a la "barbarie" por atacar a las fuerzas de seguridad lanzándoles excrementos. 

La coalición opositora exige al gobierno que convoque elecciones generales, abra un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, libere a los presos políticos y respete al Congreso. 

El gobernante reiteró que seguirá adelante con la Asamblea Constituyente para promover una nueva redacción de la constitución que reemplazará a la que está vigente desde 1999. 

En medio de la crispación, Maduro fue señalado la víspera en Brasil de pagar 11 millones de dólares a asesores brasileños para que apoyaran la campaña electoral de 2012 del fallecido presidente Hugo Chávez. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso. 

Por otra parte, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo durante una audiencia en un comité del Senado que "cada vez es mayor" el riesgo de que las milicias armadas en Venezuela se salgan de control y planteó que representa un "alto riesgo" la creciente transferencia de armas en el país sudamericano. 

Las protestas han dejado 40 fallecidos, aunque la Fiscalía General solo reconoce 38; más de 800 heridos y varios centenares de detenidos, algunos de los cuales fueron enviados a tribunales militares en medio de los cuestionamientos de la oposición y organizaciones humanitarias. 

Las tensiones se activaron tras dos sentencias que dictó a fines de marzo el Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso, de mayoría opositora, que luego fueron revertidas.