En 2017 se registraron 39 casos de líderes sociales amenazados y este año el panorama no pinta bien para estos dirigentes en Norte de Santander, pues en los primeros 45 días de 2018 se reportaron seis asesinatos de ellos; el caso más reciente es el homicidio de Elkin Fabián Toro, de 36 años, ocurrido en  Filo El Gringo, El Tarra.  

Estas cifras las registra la Fundación Progresar, la cual está muy alarmada por el deterioro de las condiciones de seguridad y orden público en la región. Wilfredo Cañizares, director de esta organización defensora de los derechos humanos, manifestó que la situación de riesgo para estos líderes se agravará.

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Entre la razones de su alerta están la reaparición de estructuras armadas en Ocaña, Tibú, el área Metropolitana de Cúcuta y la frontera, tras la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Destacó que es evidente el deterioro de las condiciones de seguridad del departamento, pues en los últimos 36 meses se han cometido 13 masacres, con 69 víctimas; 77 secuestros, 111 desapariciones forzadas, 20 asesinatos de líderes y 71 de ellos han recibido amenazas.

“Estos escenarios de riesgo, los escasos resultados de las investigaciones de ataques a líderes, la estigmatización y los señalamientos son los verdaderos obstáculos en el ejercicio de nuestra legítima labor como defensores de derechos humanos”.

Este escenario llevó a que la Fundación Progresar y otras organizaciones de DDHH alzaran nuevamente la voz para, a través de un comunicado subido en redes sociales, exigirle al Gobierno Nacional que “se tomen de manera inmediata medidas efectivas que protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

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Wilfredo Cañizares subrayó que este llamado lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, en cualquier escenario y por medio de cualquier plataforma, pero no ha sido tomado con la seriedad que merece el tema.

Para el defensor de derechos humanos, “hay una violencia desbordada, impunidad y la negación de las autoridades” frente a la situación que se vive en la región y el país, respecto a los crímenes contra los líderes sociales.

El documento fue firmado además por la Red Departamental de Defensores de DDHH, Sintragasolina, el Sindicato de la Procuraduría General de la Nación, Comunidades Afro, Asojuntas de Palmarito, Red Territorial de Organizaciones de Víctimas, Mesa de Víctimas de Villa del Rosario, Congreso de los Pueblos, Mesa de Víctimas de Cúcuta y un edil del sector rural de este municipio.