Luego de un año de discusiones para que se sustituyan los cultivos de uso ilícito en Catatumbo, el Gobierno Nacional y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) no han logrado conciliar.

Así lo dio a conocer Jonny Abril, vocero de la Asociación, quien declaró que la sustitución gradual no es una alternativa que satisfaga al gobierno.

“Aunque se dice que hay voluntad política, al momento de hablar de recursos, el gobierno ‘patalea’”, dijo.

Al respecto, reiteró la idea de Ascamcat de que se inyecten $100 mil millones anuales para los planes de sustitución.

“No se trata de quitar una planta y sembrar otra, sino de que los campesinos tengan los recursos y las garantías para revivir el campo”, afirmó.

Agregó que la Asociación ya tiene 55 veredas en Tibú dispuestas para iniciar la sustitución, y hay acercamientos con comunidades de El Tarra, San Calixto, Hacarí, Convención, y El Carmen.

También, mencionó la existencia de 504 familias que no están cultivando coca pues han recibido apoyo del Gobierno Nacional, además de las 400 familias del proyecto de poserradicación que no resembraron el cultivo ilegal.

Simultáneamente se conoció que Ascamcat no solo respalda a los cocaleros sino a los campesinos tradicionales.

Por ejemplo, en San Calixto, donde se instalará una tostadora de café, el objetivo es que las familias rodeadas de coca no la siembren y el cultivo no se expanda.

Insistió que el campesino está dispuesto a cambiar porque está cansado de señalamientos y solo asistencia militar pero no agrícola, para reducir los hostigamientos y estigmatización de Catatumbo.

Por su parte, el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, aseveró que el Gobierno Nacional ya anunció que sin sustitución voluntaria habrá erradicación forzada pues “se deben minimizar los cultivos ilícitos porque es un compromiso hecho con la comunidad internacional y llegó la hora de asumir esta responsabilidad”.

La Opinión