Una nueva batalla jurídica se puso en marcha en el municipio de Los Patios, dirigida a demostrar la ilegalidad del acuerdo 020 del 14 de noviembre de 2014, que dio vida al contrato de concesión de las fotomultas, hoy en cabeza de la Unión Temporal Proyecto Vial Los Patios.

Los promotores de la iniciativa, los abogados Jorge Heriberto Moreno y José Julián Pino, así como los ciudadanos Alfredo Chavarro, Alexander Cárdenas, Alfonso Pino y Víctor Parra, dieron ya los primeros pasos en dirección a ese objetivo, al presentar (los dos primeros) una demanda de control de nulidad ante el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, para que se anule en su totalidad el citado acuerdo.

En Los Patios —precisó Moreno—, de una manera ilegal y absurda se han creado dos institutos de tránsito, uno mediante el acuerdo 045 del 14 de diciembre de 1998, y otro creado por acuerdo 0209 del 14 de noviembre de 2014.

Agregó que el acuerdo que se demandó tiene todos los visos de ilegalidad, porque primero le da solamente funciones al consejo directivo de Tránsito,  además le autoriza al Concejo que puede contratar concesiones cuando no lo puede hacer.  “El Concejo no podía trasladar una facultad, que es del alcalde, como lo es celebrar contratos de concesión, porque eso es exclusivo de él”, señala Gómez.

En la demanda, además de solicitar la nulidad del citado acuerdo por la presunta violación de la ley,  los quejosos también reclamaron a la juez octavo administrativo de Cúcuta, Magda Yolima Prada Gómez, decretar medidas cautelares, entre otras, que se suspenda provisionalmente el contrato de concesión, así como los efectos jurídicos que se derivaron de su aprobación.

Ellos, los concejales y el alcalde de 2014, (señala la demanda) violaron la forma y el procedimiento de cómo se debe expedir un acuerdo municipal.

De la misma manera se solicitó al Procurador General de la Nación que se nombre un agente especial para la vigilancia del proceso de la demanda.

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Piden agente especial

Pero también ante la Fiscalía y la Procuraduría se presentó texto de la demanda para que se proceda de acuerdo a la ley con los concejales y el alcalde de la época que tuvieron responsabilidad en la aprobación del citado acuerdo.

Eran concejales de la época  José Alberto Alvarado, Faunier Blanco, Germán Ernesto Cubillos, Sergio Delgado Durán, Helmer Paredes, Germán Peña, Mereyda Pinto, Emilce Ramírez (actual registradora del municipio), Ciro Antonio Rangel, José Pastos García, Alfonso Hernández,  Jorge Eliécer León, Claudia Parra, Edinson Javier Urbina y Luis Orlando Sandoval, este último alcalde en 2014.

Según se desprende de estas acciones, los citados concejales y el alcalde Sandoval estarían incursos en múltiples quejas disciplinarias, “ya que incurrieron de manera temeraria y de mala fe y abusando de su poder en extralimitación de funciones y en violación de múltiples leyes”, afirmó Moreno.

“Si la procuraduría se detiene a analizar los hechos y las pruebas presentadas en la demanda de nulidad (que se presentó ante el juzgado Octavo  administrativo de Cúcuta),  encontrará que existió un grave acto de corrupción  en la aprobación por parte de los concejales y el alcalde de la época, del acuerdo 020 del 14 de noviembre de 2014, cuyo único fin y oculto objetivo era la entrega de la concesión  de las fotomultas por infracciones de tránsito a un ente de carácter privado, lo cual no fue comunicado al pueblo de Los Patios en el trámite de aprobación del mencionado acuerdo”, sostienen los quejosos a la Procuraduría.

Agregan que el contrato de concesión que fue firmado el 18 de marzo de 2015, entre el Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios y el concesionario de las fotomultas atenta contra el patrimonio del municipio. Piden también que se estudie la conducta de la abogada Claudia Moros, asesora jurídica del Departamento Administrativo de Los Patios, “por cometer falsedades en su intervención de la plenaria del Concejo”. De igual manera contra el actual director de la misma entidad, Manuel Fernando Omaña por negarse a responder un derecho de petición interpuesto por otro de los miembros del grupo por la defensa de la legalidad, José Julián Pino.

La demanda ante la Fiscalía es por los presuntos delitos contra la administración pública y falsedad en documento público en los que habrían incurrido los mismos cabildantes, Sandoval y el exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios José Gilberto Villamizar. La Opinión intentó comunicación con varios concejales de la época, uno de ellos, Germán Peña, quien dijo no conocer el texto de la demanda, por lo cual se abstuvo de emitir un concepto. Dijo, sin embargo, “que cuando se obra bien, todo saldrá bien”.