La empresa minera Minesa, que decidió desistir del proceso para el otorgamiento de la licencia ambiental que adelantaba ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, (ANLA), en el proyecto de Soto Norte, en el páramo Santurbán, aseguró que en abril presentará una nueva solicitud.

Según comunicó la compañía, la decisión la tomó “como resultado del continuo desarrollo de nuestros análisis técnicos y de la retroalimentación que hemos recibido de nuestro amplio relacionamiento con las comunidades y las instituciones. Minesa ha profundizado en sus estudios para contribuir en los análisis respectivos de nuestro proyecto Soto Norte”.

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La ANLA informó en un comunicado que aceptó el desistimiento de la empresa minera.

En diciembre de 2017, durante la reunión de solicitud de información adicional, después de visitas técnicas y el análisis al Estudio de Impacto Ambiental, EIA del proyecto Soto Norte de Minesa, la ANLA hizo 83 requerimientos de información, pues consideraba que los contenidos de los documentos presentados de licencias y permisos eran insuficientes para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto.

Ante la noticia, Erwing Rodríguez-Salah del Movimiento cívico conciencia ciudadana, manifestó que a los proyectos mineros por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, en Santurbán y en sus ecosistemas circunvecinos complementarios, jamás se les debería otorgar la licencia ambiental, pues afectaría el agua en calidad y cantidad.

“Uno de los engaños más grandes que nos han querido vender a los santandereanos es la ‘Minería bien hecha’ en estos ecosistemas, pues los daños ocasionados por la minería son irreversibles e irreparables, con daños a perpetuidad en contravía del agua de las futuras y vigentes generaciones”, aseveró Rodríguez-Salah.

Además, pidió a la ANLA “no se otorgue la licencia ambiental a los proyectos en la zona”.

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El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, aseguró en diciembre pasado que la evaluación para la licencia ambiental de Minesa estaba en marcha.

No obstante, aclaró que el Gobierno Nacional “sí decidió aplazar” cualquier decisión de otorgar licencias ambientales “hasta tanto no se termine el ejercicio participativo de revisión de la delimitación del páramo de Santurbán”.

Lo que pedía la ANLA

Las peticiones solicitadas por la ANLA a Minesa se refirieron, entre otros temas, a las vías de acceso del proyecto; porcentaje de relaves; consumo de explosivos; información complementaria sobre la presencia de cadmio, selenio y molibdeno; definición en forma detallada de la disposición final de las aguas de rechazo; ajuste del área de influencia del medio abiótico, biótico y socioeconómico; calidad del aire, y modelación del ruido.

“El hídrico fue uno de los temas en que la ANLA hizo más énfasis. Se solicitó a Minesa ajustar el programa de manejo de agua con el fin de incluir las medidas que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico para todos los usos, usuarios y servicios ecosistémicos que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto”, agregó la ANLA. 

Con respecto a los requerimientos hechos sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo, se buscaba identificar si puede existir alguna afectación del páramo de Santurbán y de la disponibilidad de agua para consumo humano para los habitantes actuales y futuros. “Por ejemplo, se pidió dar mayor claridad sobre el modelo hidrogeológico, el monitoreo de isotopos y de Deuterio-O18”, aclaró la autoridad ambiental. 

La entidad hizo énfasis en que sus análisis se hacen de manera regional y para ello necesita que la empresa tenga en cuenta las cuencas hidrográficas de manera completa y no fragmentada, los censos completos de fauna y flora, y la totalidad de las comunidades afectadas por la intervención del proyecto, incluyendo la caracterización de la población a reasentar y que continuará residiendo en el lugar. 

En cuanto a la valoración económica, que permite estimar los valores monetarios del medio ambiente, la ANLA consideró que la empresa debe ajustar el flujo de costos y beneficios.