Aunque 40 familias de Puerto Las Palmas (Tibú) abandonaron hace más de un año los cocales y confiaron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis), los incumplimientos, retrasos y displicencia del Gobierno Nacional las tienen al límite del desplazamiento.

El acuerdo de sustitución voluntaria se firmó el 18 de noviembre de 2017, pero solo hasta el 24 de enero de 2018 llegó el primer pago de asistencia alimentaria, luego del cual las familias arrancaron la coca y terminaron el 20 de febrero de ese año.

Desde entonces empezaron los pagos intermitentes “y solo con movilización social, derechos de petición, acciones de tutela y reuniones con funcionarios de la gobernación y el Gobierno Nacional, logramos que el último pago se diera el 24 de enero de 2019”, dijeron.

Además, la asistencia técnica para que los proyectos productivos avanzaran no cumplió con la expectativa de aprendizaje, y ya se vio morir ganado, por falta de un técnico en terreno permanentemente, pues las instrucciones por teléfono resultaron insuficientes.

Así lo dice Alexánder Molina, presidente de la junta comunal, quien ya no da más, y cuestiona por qué la ayuda de seguridad alimentaria solo llegará hasta mayo, cuando debió estar lista en marzo de 2018. 

Tanto Molina, como la comunidad están dispuestos a salir de su territorio, en vista de que el Pnis y sus delegados “se quedaron en mucha charla”, pero no le han dado respuestas oportunas a las comunidades que, pese a todo, siguen firmes en su voluntad de cambiar la coca por cultivos legales. 

Según las explicaciones, hoy en día deberían estar en marcha los proyectos productivos que se financiarían con 10 millones de pesos, pero nada.

“Quienes en verdad han hecho que la sustitución nos tenga todavía en el terreno son el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR) y la Pastoral Social (de la diócesis católica de Tibú)”, dice Molina. “De no ser por ellos, ya habríamos salido”.

Con estas organizaciones, hay pollos, gallinas, cachamas, cerdos y huertas caseras, además de formación política y, lo más valioso: “que los jóvenes han tenido la oportunidad de ser campesinos”.

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Infortunadamente, si la situación no se resuelve, quienes sacaron la coca de sus vidas retornarán a esta actividad. Vale decir que con el SJR y la Pastoral Social, estas familias han logrado establecer un comercio interveredal y su entusiasmo es visible, en tanto que las iniciativas del Estado, como la siembra y venta de yuca no les deja mayor ganacia. 

La última vez, se vendieron 60 bultos de yuca, a 25 mil pesos cada uno, cuando la cifra ideal “para que medio quede algo” es de 34 mil pesos. 

Aunque el Alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, estuvo esta semana en Tibú, su encuentro no incluyó a los campesinos, situación que también fue criticada en días pasados por otras organizaciones sociales ante el vocero de la organización Vivamos Humanos, Ernesto Samper.

Una de las reses que llevó el Gobierno Nacional murió por falta de asistencia técnica, pues esta se hizo a distancia.