La guerrilla de las Farc solo estaría permitiendo que las familias cocaleras de La Gabarra tengan dos hectáreas de este cultivo, sin posibilidad de expansión, según habitantes de la zona.

Estas nuevas condiciones para los productores coinciden con el llamado control social que desde el año anterior han propuesto algunos sectores campesinos, además de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

En las más recientes reuniones entre el Gobierno Nacional y la Asociación, se ha esgrimido esta alternativa para frenar el aumento de los cultivos de uso ilícito, especialmente en Catatumbo.

Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat, ratificó en uno de estos encuentros que en la vereda La Angalia, de Tibú, ya se está adelantando esta actividad y que las familias le pusieron límite a la coca.

De acuerdo con el vocero, en esta vereda se prevé la ejecución de un proyecto piloto de sustitución del cultivo, en casi 160 hectáreas de coca que no se han incrementado desde que se inició la propuesta de participación.

El objetivo de ello es que los campesinos demuestren su voluntad de cesar esta actividad, aunque su continuidad está supeditada a la falta de oportunidades para el campo.

“Mientras no se ponga mano al problema social, naturalmente los cultivos van a seguir creciendo”, afirmó Quintero. “Para lograr la paz es necesario combatir socialmente los cultivos”.

Uno de los modelos similiares al que propone Ascamcat se ha llevado a cabo en Bolivia, donde fue el mismo gobierno el que, en 2004, otorgó derechos para que las familias cultivaran 1.600 metros cuadrados de coca, lo cual derivó en un monitoreo y reducción de la planta.

Por su parte, César Jerez, ha indicado que el control social debe ser correspondido por el Gobierno, con la suspensión de las medidas de fuerza sobre los cultivos.

“Para ser viable, la propuesta requiere la construcción de un consenso en los territorios y el reconocimiento de la autonomía y el poder político de las organizaciones campesinas”, aseveró. “Es una gran oportunidad y fue presentada a Eduardo Díaz, responsable de la estrategia de sustitución de los cultivos de coca, quien celebró la iniciativa, pero sin una contraprestación gubernamental”.

Agregó que el control social “está sobre la mesa y podría ser el mecanismo idóneo para generar la confianza necesaria entre Gobierno y campesinos para implementar los acuerdos de La Habana”.

Mientras tanto, en sectores como La Gabarra la comunidad se debate entre obedecer las órdenes de la guerrilla de detener la ampliación de los cultivos y sostener, por el otro lado, al Eln que insiste en continuar la producción.

*La Opinión