El recrudecimiento de la violencia en la frontera, derivada de los grupos armados ilegales que han surgido en el territorio tras las desmovilizaciones de organizaciones armadas como las AUC podría repetirse y acentuarse, si no se cumple a cabalidad el acuerdo con las extintas Farc.

Según Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, las condiciones de incumplimiento actuales con los excombatientes empieza a despertar las alarmas, pues las consecuencias serían nefastas.

“La implementación exitosa de los acuerdos, la reincorporación de los excombatientes debe ser exitosa, pues si esto no ocurre hay enormes riesgos de que la región viva un nuevo ciclo de violencia con nuevos grupos armados ilegales creados por excombatientes, excomandantes de las Farc”, declaró el defensor de derechos humanos.

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Para Cañizares, “la experiencia y los errores cometidos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez” en el proceso de desmovilización con las autodefensas “nos tiene hoy pagando las consecuencias” con índices de delincuencia como 45 masacres en los últimos 12 años y más de dos mil personas asesinadas. 

Afirmó que esos errores los está repitiendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al insistir “en un discurso público de éxito en la implementación y la reincorporación cuando en la realidad eso no es cierto, como no es cierta la presencia institucional, porque los territorios que ocupaban las Farc fueron copados por el ELN, el EPL y otros actores ilegales”.

Al respecto critió “esa manipulación de la realidad” porque los excombatientes de las Farc  tienen mayor riesgo de volver a delinquir, reorganizarse o rearmarse.

Respaldo social

Debido a lo anterior, Cañizares enfatiza en la necesidad de que la implementación esté acompañada de apoyo social.

“Los guerrilleros y comandantes de las Farc deben sentir que hay sectores de la sociedad que apoyan su proceso de desarme y reicorporación, para disminuir el riesgo de rearme”, declaró.

Según relató, el motivo es sencillo: entre 2005 y 2006 la Fundación recibió un sinnúmero de denuncias de reclutamientos posteriores a las desmovilizaciones de las AUC de quienes fuesen mandos medios de las autodefensas.

“Al final de cada conversación se concluía que eran muchachos sin apoyo institucional ni social”, dijo. “Además, el reagrupamiento y rearme estaba ligado a altas concentraciones de exmiembros de las AUC y es posible que con las Farc ocurra lo mismo” y se facilite la ocurrencia de fenómenos de criminalidad, si no hay una respuesta apropiada del Estado.

Ascamcat confirma temor

César Jerez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) se refirió al incumplimiento del Gobierno como una posibilidad que abrirá la puerta a “empeorar en violencia, en cultivos de coca, y en empeorar la precaria calidad de vida existente, porque no se entiende que los acuerdos son una oportunidad”.

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Confirmó que entre las organizaciones sociales hay incertidumbre “y desgaste por la falta de respuesta” luego de la firma de los acuerdos, que terminó con la dejación de armas, pero advirtió que “eso se puede perder”.

Incluso habló de una “salvadorización del país después de la firma”, en vista de que ya hay disidencias, “el Estado no tiene capacidad de respuesta y esto genera multiplicidad de bandas que ejercen control territorial y social”.

Dayro Vallejo, miembro del partido político Farc, había señalado días atrás que los acuerdos de paz son “una nueva visión de país que no podemos dejar perder”, y si bien reconoció que las Farc no retrocederán, manifestó que en efecto hay incumplimientos “y si esos acuerdos no avanzan, ¿cuál será la paz para Colombia?”.