Los retrasos en los pagos para los beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis), y la falta de cercanía con los interesados en participar de este proceso llevaron al gobierno departamental a solicitar mayor descentralización desde Bogotá. 

Según el secretario departamental de Gobierno, Édgar Pallares, si bien hay avances y mejoras principalmente en el tema de los pagos que hace algunos meses generaron tensiones en la comunidad, la autorización para entregar los recursos sigue estando en Bogotá, “y una de las sugerencias que hemos hecho al Pnis es que haya mayor desconcentración y más presencia con personal en la región”.

“Una de las claves es esa: desconcentrar el Programa para que haya mayor autonomía en las regiones y que este tipo de inconvenientes que generan desconfianza sean superadas de manera inmediata”, dijo. “Hemos hecho observaciones que, consideramos, hacen parte de mejorar los procesos”.

La principal dificultad radica en la programación de los pagos bimensuales que no siempre se cumple, y aunque se ha afinado el proceso, el gobierno departamental ha tenido que pedir paciencia a las comunidades, dado que el Programa lleva apenas un año de implementación.

Los principales inconvenientes se registraron en Caño Indio,Campo Dos y La Angalia (Tibú), por ajustes de documentos y requisitos, así como por la verificación de las áreas erradicadas, “pero aspiramos que esta dinámica tenga una resolución positiva”.

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De otro lado, el secretario resaltó el diálogo y la concertación que se ha dado para solicitar al gobierno del presidente electo Iván Duque que se priorice la sustitución de cultivos de coca.

“En este momento se están generando preocupaciones por lo que pueda ser la política nacional en torno a los cultivos de uso ilícito”, dijo Pallares, quien expresó que desde la Gobernación se insistirá en que el Pnis siga existiendo, y que la sustitución voluntaria con miras a tener una alternativa lícita de vida, a través de proyectos productivos, “sea la única política que se aplique en la región”.

A la fecha, las cifras de sustitución son significativas, según comentó Pallares.

“Estamos hablando de unas 3.500 personas preinscritas en Tibú y Sardinata donde ya se han firmado acuerdos municipales, y de ellas hay inscritas cerca de 2.400 personas”, dijo. “Unas 500 familias ya tienen pagos, y hay avances en la asistencia técnica y en el inicio de los proyectos productivos”. 

Reiteró que pese a los retrasos la apuesta del gobierno departamental es que el programa funcione eficientemente y se convierta en la única alternativa, “la alternativa más humana para resolver esta situación”.

Así mismo, anunció que en el encuentro que se sostendrá en la primera visita que haga Duque a territorio nortesantandereano se insistirá en una salida dialogada con las comunidades, pero también se abordarán temas migratorios y el enfrentamiento de los grupos armados ilegales en el Catatumbo.