“Una familia desplazada puede pasar toda su vida sin adaptarse al nuevo círculo social”, dijo Luis Fernando Niño, profesor de la Universidad Simón Bolívar y ex secretario de Víctimas, Paz y Postconflicto de Norte de Santander.  

Además, las víctimas de desplazamiento armado siguen temerosas y viviendo un eterno duelo. Así lo sugiere una investigación de estudiantes de psicología de la Universidad Simón Bolívar, que buscaba conocer la capacidad de integración social de las víctimas de desplazamiento forzado residentes en Cúcuta, sin desconocer que en la región sigue latente la violencia.

El trabajo se desarrolló en las comunas 6 y 8, en dos momentos: el primero, hace diez años, y el segundo, a principios de este. Según los resultados, aunque algunas familias se adaptan y superan el duelo transcurridos 5 o 10 años, otras no pueden dar vuelta de hoja a su tragedia.

Según María Carolina Martínez, coordinadora del proyecto, se evidenció que las familias víctimas viven en condiciones emocionales y de vulnerabilidad que se mantienen en el dolor por sentir un latente peligro o ser incrédulos de los beneficios del Estado; esto los margina de vivir sanamente en comunidad.

“Se supone que las familias van tejiendo vínculos sociales en los sitios a los que llegan a vivir; algunos lo hacen, pero no todos lo han logrado; incluso, se han cerrado más a esa posibilidad creando entornos solo familiares”, dijo.

En Norte de Santander hay unas 300.000 víctimas del conflicto armado; 155.000 son desplazadas, siendo éste el hecho victimizante que más se repite; 58.000 han migrado a Cúcuta engrosado los índices de pobreza, sostuvo Niño.  

Como consecuencia del conflicto, lo que las personas han aprendido en su entorno, que les ha permitido sobrevivir, relacionarse y ocupar un lugar en él, deja de ser el referente de seguridad e identidad. Paulatinamente, todo cambia, la gente se encuentra sin saber cómo actuar y empieza a desconfiar de todo y de todos, hasta de las propias capacidades para desempeñarse en un medio que se ha hecho extraño, expresaron los investigadores participantes Miguel Ángel Arias Canónigo, Elizabeth Andrea Estupiñán Silva y Fanny Yolima Aparicio Rubio.

“En una misma familia desplazada, cada miembro puede sufrir diversos impactos: secuestro, viudez, desplazamiento, muerte, amenazas, extorsión, lo que erosiona la vida familiar y obliga al grupo a recomponerse por desmembramiento y por cambios en la estructura de las relaciones, en las funciones, en los roles y en el manejo de la autoridad”, dijeron los investigadores.

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El estudio ‘Tejido social en los sistemas familiares víctimas del conflicto armado’ determinó que en ocasiones las familias no se vinculan con el entorno debido a los cambios culturales y de costumbres. De lo anterior da fe Elizabeth Sánchez, abogada y líder comunitaria del nororiental barrio El Tunal.

Para Sánchez, lo más difícil ha sido lograr la unión de sus vecinos, por la pluralidad de sus características, algunos de ellos víctimas de la violencia, otros en pobreza, damnificados e inmigrantes.

 Dijo que aprendió a identificar los comportamientos de la población desplazada. “Son personas que tienen muy marcada esa victimización. Trato de vincularlos a la comunidad, pero son un poco huraños, muy callados y casi inasequibles, por el temor a las amenazas que han vivido. Pero poco a poco se van integrando. Algunos no creen en el Estado”, concluyó. 

Los investigadores encontraron que el miedo a ser señalados es otro factor que influye en las víctimas, porque muchas no quieren sentirse desplazadas para evitar el cliché o cargar con el estigma de ser perseguidos por la violencia. 

Según Martínez, hay familias que necesitan de los servicios de expertos para superar esos duelos. “Los hogares se están acogiendo a las rutas que presta el Estado y la situación ha ido cambiando, persisten algunos reproches sociales incomprensibles, como asociar a las personas víctimas de desplazamiento forzado con la pobreza extrema, lo cual ha marcado un cierto distanciamiento con los desplazados”. 

El estudio concluye en que se necesita un mayor acercamiento del Estado y las instituciones educativas para facilitar la cohesión social de las víctimas, porque estos duelos deben recibir un tratamiento psicológico adecuado.