La idea que surgió de una sesión del Consejo Departamental de Paz, en abril de 2018, para que las escuelas del Catatumbo tuvieran insignias que las protegieran de ataques o de ser usadas como trincheras por parte de grupos armados legales e ilegales, aun no se concreta y el riesgo, persiste.

Orielso Torrado, líder sindical e integrante de Asinort, expresó que en efecto el año anterior se solicitó que las escuelas “tuvieran una insignia de territorios de paz”, pero esto no avanzó.

Ahora, las condiciones del territorio amenazan la tranquilidad que debieran tener estos espacios, y se han conocido temores adicionales por la posibilidad de que retornen las fumigaciones para erradicar cultivos de uso ilícito, que puedan estar ubicados cerca a colegios.

“Hay que impedir que los niños sean blanco de la violencia”, enfatizó Torrado, quien pidió además a la Comisión de paz del Congreso implementar “acciones contundentes” para que la educación sea garantizada.

“Y que el Gobierno, a través del (Alto) comisionado de paz (Miguel Ceballos), en vez de ser incendiario, aplique una verdadera acción como conciliador, generador de paz, y que nos permita trabajar sin problema, sin temores”, agregó.

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El secretario departamental de Gobierno, Édgar Pallares, respondió que el reciente hecho en el que presuntamente la fuerza pública respondió ataques del ELN desde una escuela en San Pablo (Teorama) deberá ser investigado por las autoridades competentes, y afirmó que “la fuerza pública tiene claro el respeto al Derecho Internacional Humanitario”.

Indicó que pese a que sí se han hecho señalizaciones en algunos sectores, y se han trabajado planes de educación en emergencia, el respeto al servicio educativo no se ha cumplido por parte de los actores armados, pues de hecho hay minas antipersonal en cercanía de las instituciones educativas. 

“La escuela, las misiones médicas, y todos aquellos servicios esenciales del Estado para que la población tenga calidad de vida, deben ser respetados por cualquier actor armado”, puntualizó.