Brisas del Catatumbo es una invasión constituida desde el 20 marzo de 2014, por familias desplazadas, víctimas de la violencia y algunos habitantes del municipio de Tibú que, desde entonces, decidieron ocupar nueve hectáreas de terreno para tener vivienda.

En principio, según relata el alcalde Gustavo León Becerra, arribaron al sector 95 familias pero conforme pasó el tiempo el número casi se quintuplicó al punto que hoy se cuentan 451 de ellas.

Es decir, hay casi 1.350 personas, de las cuales 727 son desplazados, 33 discapacitados, 153 madres cabeza de hogar, 99 embarazadas, y otros en condición de vulnerabilidad.

Aunque los habitantes de la zona afirman haber ocupado un terreno del municipio con la expectativa de que fuese legalizado, ocho meses después de llegar se encontraron con que el terreno tenía dueño.

Insistieron en la idea de que el predio fue vendido por parte de la administración a Fernando López Meneses, quien fungía como propietario, razón por la cual comenzaron un pleito para salvaguardar sus derechos.

De acuerdo con Jesús Torres, vocero del asentamiento, la comunidad tuvo conocimiento de una oferta pública en la que, dicen, se vendió el lote cuando ellos eran los más interesados en quedarse con el terreno.

“Si lo hubiesen vendido antes de que estuviésemos ahí, uno acepta que el terreno ya había sido vendido”, dijo.

En ese momento, interpusieron una acción de tutela liderada por la Defensoría del Pueblo, la cual falló a favor de López, quien a su vez planteó otra tutela al municipio para recuperar su predio, y la sentencia también lo favoreció.

La razón era simple: el lote nunca fue vendido a López, sino que había sido enajenado debido a que el hombre tenía una tradición de 40 años sobre el mismo y, justo cuando llegaron los desplazados —hace dos años—, él solicitó la enajenación para que efectuar la legalización.

“El alegato es justamente porque se legalizó el terreno estando ellos allí”, aseguró el alcalde. “No hubo subasta sino un procedimiento legal que no tiene nada que ver con ninguna venta”.

Con el fallo inapelable conocido el 30 de abril de este año, la orden era desalojar de inmediato.

El procedimiento debió realizarse el pasado 2 de junio, pero fue imposible debido a que no había fuerza disponible pues, según informó la secretaría de Víctimas que asistió como garante, solo había 40 policías para la diligencia.

La situación se tornó tensa, y según Torres nadie quería saber nada de desalojos, sino de la adjudicación de los predios, en vista de que allí ya hay familias instaladas, que han hecho mejoras y son poseedores de la tierra.

Pese a ser conscientes de que al invadir un predio se exponían a hacer frente a un despojo por vía legal, Torres manifiesta que prefiere no hablar de que son invasores, sino “recuperadores de terrenos del mismo pueblo”.

El fin de la novela

Según explicó el alcalde, pese a que los habitantes del sector manifiestan que los van a sacar de cualquier manera, esta versión es falsa.

“Yo me puse la camiseta para mediar y colaborarles, pero hay que tener en cuenta que hay normas y leyes que no puedo dejar de cumplir”, dijo.

Si bien León Becerra asegura que no habrá desalojo, relató que tras un largo proceso convenció al propietario para llegar a un acuerdo mediante una conciliación que se iniciará hoy, a las 8 a.m.

“Ellos insisten en que el terreno se les venda a ellos y por eso le pedimos al propietario hacerlo, pese a que él tenía una proyección de construir vivienda en esas tierras, de las cuales 2,4 hectáreas son netamente urbanas”, comentó.

Igualmente señaló que el propietario no quiere quedar con enemigos, ni irse de Tibú y por eso comenzará la venta. “Es lo único que falta”, señaló al mandatario.

En diálogo con La Opinión, el propietario manifestó que sobre todo este proceso se le ha mentido a la comunidad.

“Yo no tengo ningún inconveniente con la gente. Hay muchas personas que engañan e insisten en que son terrenos del municipio”, dijo. “Los documentos están claros y ahí está toda la evidencia”.

Incluso explicó que, para evitar el desalojo forzado, ofreció un lote para que las familias fueran reubicadas, en la parte alta del barrio La Esperanza.

Según el alcalde, dicha zona tenía 8 hectáreas y ya se adelantaron trabajos topográficos para relotearla y ejecutar allí un proyecto de vivienda.  

Sin embargo, los habitantes del asentamiento aseguran que dicho predio está aislado de los servicios públicos y hasta que es parte de un pleito de restitución de tierras, situación que no ha sido comprobada.

Al final, para el propietario lo importante es brindar una solución socialmente viable, pese a ser un problema en el que él no debía estar involucrado.

Por ello planteó tres alternativas: comprar los terrenos a los propietarios; recuperar 2,5 hectáreas para poder hacer un proyecto de vivienda y dejar el resto del terreno para los actuales habitantes; o insistir en el ofrecimiento del lote mencionado.

Al respecto, el vocero de la comunidad manifestó que no se desocuparán las hectáreas que pediría el propietario, debido a que allí hay casi 200 familias y es la zona en la que están las principales mejoras.

Sin embargo, asegura que espera que “hoy se ponga fin a esta novela, porque estamos en toda la disposición de conciliar y tener un acuerdo favorable para todos”.