En los últimos cinco años, de los 6.700 ciudadanos que han caído presos o muertos en procedimientos de la Fuerza Pública contra las bandas criminales en el país, solo el 10% (670) son desmovilizados, indicó Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) durante su visita a Norte de Santander.

“Eso quiere decir que nuevos jóvenes quisieron meterse a las bacrim, pues aún ven incentivos para la formación de un proyecto de vida desde la ilegalidad. Aunque también con estas cifras queda claro que la criminalidad en Colombia no se explica por los desmovilizados, claro que hay unos vinculados, pero son un minoría”, expresó. (Leer también En marcha proyecto de reintegración)

Según Mitrotti, esto es un promedio nacional del número de exintegrantes de los grupos armados que vuelven a delinquir, la proporción en cada departamento varía entre esta cifra y 8%. Precisó que en Norte de Santander se han desmovilizado en 30 municipios 1.260 personas: 860 de las extintas AUC, 250 de las Farc y 150 del ELN.

Indicó que de este número de ciudadanos, 750 están activos en el proceso de reintegración, que puede durar más de cinco años, y 255 ya lo terminaron. “El 70% de la población desmovilizada está trabajando en las áreas de agricultura, construcción, electricidad, entre otras; el 30% de ellos tiene un empleo formal, es decir, que aún tenemos un reto para lograr que esta población ingrese a la ocupación formal”.

Asimismo, Joshua Mitrotti detalló que el 56% de los desmovilizados han sido contactados por organizaciones criminales u otros grupos al margen de la ley cuando se enteran que un reinsertado habita el vecindario en el que delinquen. Manifestó que únicamente el 3% reconsidera la invitación de pertenecer a esas bandas violentas.

“Ese diminuto porcentaje reconsidera el llamado a delinquir porque tenemos unas estructuras jurídicas un poco excluyentes que hacen que los estigmaticen, no los contraten como empleados, no les abran las puertas y la comunidad los rechace. La sociedad en general tiende a ser implacable al momento de juzgar, entonces hay que preguntarse: ¿abrimos las puertas para que ellos se comprometan a la legalidad o seguimos generando círculos viciosos de violencia?”.

El director general de la ACR agregó que reciben el respaldo del Sena, Unidad de Víctimas, gobernaciones, alcaldías, Fuerza Pública, Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Unidad de Restitución de Tierras, Centro de Memoria Histórica, ministerios de Salud y Educación, Consolidación y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), las cuales “ayudan a transformar vidas”.

Redacción Laopinion.com.co