Ante la magistrada Martha Patricia Trujillo Quiroga, del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de peculado por apropiación y contrato sin requisitos legales al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y al exgobernador de ese departamento Édgar Jesús Díaz. 

La investigación adelantada por la Fiscalía señala que el actual mandatario habría celebrado un contrato de suministro de materiales pétreos por cerca de 6.000 millones de pesos, que presuntamente vulneraron los principios de contratación pública y causaron un detrimento al departamento. 

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Según Carlos Iván Mejía, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Villamizar Laguado habría celebrado y liquidado el contrato 2083 del 14 diciembre de 2009, cuyo finalidad era “el suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red vial secundaria del departamento” y así evitar una mayor afectación por la ola invernal. 

(William Villamizar y Édgar Díaz antes de ingresar a la audiencia.)

De acuerdo con la investigación, durante la celebración del contrato la administración departamental, en cabeza de William Villamizar, “no observó los requisitos legales para llevar a cabo el convenio mencionado y tan sólo dejó un oferente para la suscripción de dicho documento”, argumentó Mejía. 

La Fiscalía señaló que “el contrato se suscribió entre Wilder Carrillo Mendoza, secretario de Infraestructuras del departamento, y Pedro Antonio Silva, propietario del establecimiento de comercio Triturador La Roca, por un valor de 4.003.740.000 pesos”. 

De acuerdo con la entidad, la Secretaría de Infraestructura del departamento tenía la obligación de remitir los presupuestos, diseños, localización de canteras y precios unitarios del contrato entre ambas partes. Sin embargo, “a la hora de ejecutar el contrato, la Fiscalía encontró que la administración departamental no tenía definidas las actividades propias del mismo, ni la forma en que sería ejecutado el proyecto”. 

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En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso reveló que una de las irregularidades presentadas en el contrato se evidenció en “la compra desmedida de material para llevarse a cabo dicha obra”. 

Incluso, según el fiscal, la administración departamental meses después “llegó a celebrar una adición a dicho contrato por un valor de 2.000.0001.666 pesos”. 

Para el fiscal del caso, la responsabilidad de Villamizar Laguado es “relevante en los hechos, ya que él estaba obligado a seguir el curso del contrato”. 

Asimismo, el fiscal del caso reveló que “la administración departamental, en cabeza de Villamizar Laguado no definió la necesidad específica a suplir ni registró un verdadero proceso de selección del contratista, que garantizará la transparencia de la obra”. 

Así como “tampoco garantizó la asignación de recursos en iguales circunstancias y permitió que terceros se hicieran cargo de las obras, cuando no debía fomentarse de esa manera”. 

Pasadas cuatro horas de audiencia, y de haber expuesto parte del material probatorio contra Villamizar Laguado y Édgar Díaz, la magistrada decidió aplazar la audiencia para este miércoles primero de noviembre, a las 9:00 de la mañana, donde el fiscal terminará de exponer las pruebas contra los funcionarios y se definirá si son enviados o no a la cárcel. 

Al término de la diligencia, el gobernador William Villamizar aseguró que no aceptarán los cargos endilgados por la Fiscalía y expondrán las pruebas donde se evidencia que sí hay estudios previos a la adición del contrato.