Las supuestas irregularidades en el trámite, celebración y liquidación de un contrato de suministro de materiales pétreos por más de $6.000 millones, tienen hoy contra las cuerdas al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y al exgobernador y candidato al Senado, Edgar Díaz Contreras.

La Fiscalía General de la Nación anunció ayer que les imputará cargos a los dos por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales, y en consecuencia  solicitará la medida de aseguramiento en su contra.

Aunque el fiscal Néstor Humberto Martínez no entregó más detalles del contrato que tiene en la mira a Villamizar y Díaz, ni precisó quién lo tramitó y quién fue el encargado de liquidarlo, el jefe del ente investigador manifestó que en el desarrollo del mismo se habrían vulnerado los principios de contratación pública, lo cual causó un detrimento al erario del departamento.

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“La delegada ante la Corte (Suprema de Justicia) ha llegado a la conclusión de que en estos casos se habría violentado el régimen de contratación pública, por eso se hace la imputación, pues se habría afectado el erario, dando lugar a la imputación de un peculado”, manifestó Martínez, tras advertir que estas nuevas decisiones hacen parte de la estrategia ‘Bolsillos de cristal, cero tolerancia con la corrupción’.

No obstante, lo que no se fijó fue la fecha de la audiencia en la que serán escuchados el gobernador y el exgobernador.

No conocían del proceso

Tanto William Villamizar como Edgar Díaz coincidieron en que el anuncio hecho ayer por el fiscal, en una rueda de prensa, los tomó por sorpresa, toda vez que aseguraron no conocer el proceso al que se refirió Néstor Humberto Martínez.

“Me toma por sorpresa, pues nunca fui requerido por ese organismo para dar mi versión sobre los hechos materia de investigación”, señaló Díaz en un comunicado emitido anoche.

En el documento, el exgobernador asegura que los hechos con los que se le vincula  no fueron desarrollados durante su administración, “pues cuando asumí como gobernador ya se encontraba adjudicado el contrato materia de investigación y prácticamente ejecutado”.

En ese sentido, anunció que solicitará que su versión sea escuchada, “pues estoy convencido de la diligencia con la que actuamos en esta y cada una de las diferentes actuaciones administrativas que adelanté en cuatro años de mandato”.

El gobernador por su parte aseguró que una vez sea notificado del proceso penal en su contra acudirá al llamado de las autoridades, para demostrar “la inexistencia de responsabilidad penal alguna en la ejecución del contrato investigado”.

Al igual que Díaz, Villamizar anunció que pedirá ser escuchado en versión libre, “para presentar argumentos con los que consideramos se demostrará la inexistencia de pérdida alguna de material pétreo y, por el contrario, la optimización de los recursos en bien de la comunidad nortesantandereana”.

Dijo que confía plenamente en el respeto de las garantías procesales.

La suspensión de 2011

A finales de 2011 y faltando apenas 15 días para terminar su mandato, el entonces gobernador William Villamizar Laguado tuvo que despedirse anticipadamente de su cargo por decisión de la Contraloría General de la República que ordenó su suspensión.

Lo anterior, por cuanto el funcionario fue vinculado a dos procesos de responsabilidad fiscal por más de $1.500 millones. Aunque las investigaciones no habían concluido, el ente de control estableció el inmediato cumplimiento de la orden.

Tan solo dos años después de esta decisión se resolvió la imputación de la responsabilidad fiscal contra el exgobernador. Al caso también fue vinculado el representante a la Cámara, Wilmer Carrillo.

No obstante, en septiembre de 2014, Villamizar Laguado fue absuelto dentro de este proceso, al determinarse que en realidad no existió ningún daño a los recursos públicos.