Catorce años después de haber tenido que abandonar su parcela, en la vereda Villa Sucre (Arboledas), por cuenta de las amenazas de las que fue objeto por parte de las Farc, una familia nortesantandereana logró retornar a su parcela, en donde espera rehacer su vida.

En 2003, estas víctimas de la violencia se vieron obligadas a dejar sus bienes y desplazarse hacia Venezuela, luego de que no accedieran a las pretensiones de la ya desaparecida guerrilla, de cultivar coca en sus predios.

Los integrantes del grupo armado amenazaban con incorporar a sus filas a los hijos menores de estos campesinos, si no cumplían la orden de prestar sus tierras para la siembra de cultivos ilícitos.

Ante el miedo y la zozobra en la que vivían, ellos prefirieron abandonar su parcela y buscar refugio en otro lugar.

Después de 2012, cuando se puso en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la familia decidió acogerse a los beneficios de la norma y empezó a labrar el camino hasta lograr que los jueces especializados fallaran a su favor y ordenaran la restitución de sus predios.

Hace algunos días, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en compañía de la Fuerza Pública, hizo la entrega formal de la parcela, para que sus propietarios puedan poner a rodar los proyectos productivos a los que se hicieron acreedores como parte del proceso de reparación.

“Estamos muy contentos de poder tener todo nuevamente. Ahora vamos a ponernos a trabajar la tierra porque de esto era que vivíamos y volver a tenerlo en nuestro poder nos da una esperanza y nos hace creer que la restitución es una realidad”, manifestó una de las beneficiadas.

También en el barrio Santa Ana, de Cúcuta

Al igual que se viene haciendo en los diferentes municipios de Norte de Santander que han sido víctimas de los grupos al margen de la ley, en la zona urbana de Cúcuta también son varias las sentencias de restitución proferidas en los últimos meses por la justicia.

La última beneficiada es una familia del barrio Santa Ana, que en julio de 2003 se vio forzada a abandonar su vivienda y la ciudad, luego de que paramilitares, al mando de Jorge Iván Laverde, El Iguano, asesinaran a uno de sus parientes y amenazaran a los demás, por las denuncias hechas ante la Fiscalía.

En la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cúcuta, la magistrada de tierras reconoció, además de la restitución del bien a los afectados, los derechos de las personas que hoy en día habitan en el predio, ordenando una compensación cercana a los $26 millones, al admitir “su buena fe exenta de culpa” a la hora de adquirir la vivienda que fue objeto de despojo.

El director territorial de la Unidad de Restitución, Edward Francisco Álvarez Tafur, reiteró el compromiso con las víctimas y agradeció los avances presentados por parte de los jueces y magistrados de restitución de tierras.

En Norte de Santander, a la fecha,  se han emitido 78 sentencias favorables para familias que solicitan la restitución de sus predios. Igualmente, se han entregado más de $1.100 millones en compensaciones a segundos ocupantes.