Con una amplia discusión que se tomó casi 8 horas, la Comisión I de la Cámara de Representantes aprobó, de manera virtual, éste miércoles el acto legislativo que determina la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad en el país.

La reforma constitucional, que se discutió en su quinto debate, esto porque al ser una cambio a la Carta Política requiere ocho votaciones, pasó ahora a la plenaria de la Cámara en donde entraría en la segunda semana de mayo, sin embargo es incierto aún si la mesa directiva de la corporación decida realizar votaciones de proyectos por la vía virtual.

El proyecto fue altamente debatido, en particular por un grupo de congresistas que consideraron que la actual legislación ya impone la pena más alta que hay para los asesinos y violadores de menores de edad, como lo son 60 años de prisión, por lo que se veía como una reforma sin mayor sentido.

Algunos de los congresistas que se apartaron del acto legislativo fueron Juanita Gobertus, Germán Navas, Margarita Restrepo, Juan Carlos Losada y John Jairo Hoyos, entre otros.

También se apartó de la creación de esa nueva figura de pena jurídica el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien consideró que el problema real es que en la actualidad tan sólo se están condenando a lo máximo un 5% de todos los casos que son procesados por estos delitos.

“Sólo el 5% de las denuncias termina en condena”, dijo Barbosa, quien aseguró que se requiere es conseguir la efectividad de la justicia en todos esos casos. Planteó también que buscará que las audiencias en los casos de violencia contra los menores de edad no puedan ser aplazadas, tal y como viene sucediendo en la actualidad.

Sin embargo gracias a la mayoría de los representantes del Centro Democrático, el Partido Conservador, la U y algunos liberales, se hundió la ponencia de archivo que había el ponente Germán Navas.

El gobierno nacional, por intermedio de las ministras del Interior, Alicia Arango y Justicia, Margarita Cabello, igualmente expresaron el acompañamiento a la reforma constitucional.

La representante Adriana Matiz, la ponente del texto aprobado, sostuvo que con la norma se dará más garantías y seguridades a los niños y niñas de Colombia, y confío en que los delitos sean condenados y que además esas acciones violentas disminuyan de forma notoria.