El sábado, durante la visita que hizo a Cúcuta el presidente de la República, Iván Duque, los concejales electos de la ciudad Jorge Acevedo, Edwin Duarte Gómez y Edison Contreras Rodríguez, le hicieron llegar un oficio al mandatario, en el que le plantean la posibilidad de considerar “seriamente”, permitir el porte de armas en Norte de Santander, a quienes cuentan con el respectivo salvoconducto. 

En la petición, que no pudo ser leída en público por Acevedo, el abanderado de la solicitud, pues no hubo mayor espacio para intervenciones, los entrantes concejales plantean que la prohibición, que se estableció desde finales de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, hace que “los ciudadanos de bien (...), se encuentren inermes la mayor parte del tiempo ante los delincuentes que operan con la tranquilidad de cometer sus fechorías”.

Y le recuerdan al jefe de Estado que la condición de frontera del departamento, hace muy difícil el control del mercado negro de armas, facilitando el accionar de la delincuencia.

“En cambio, los ciudadanos de bien se someten a una restricción que tiene como resultado garantizar su indefensión en una relación asimétrica en favor de los delincuentes. Mientras que ellos están casi siempre armados, sus víctimas casi nunca lo están. Esto es una ventaja que incentiva a los bandidos a cometer atraco a mano armada”, plantearon los electos corporados en la misiva.

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En ese sentido, le insisten a Duque que no permita que el Estado, “acabe tomando decisiones que generan ventaja para los delincuentes”, pues le recuerdan que Cúcuta vive constantemente en medio de una sensación de desamparo.

‘La seguridad no la dan las armas’

Tres analistas consultados por La Opinión se refirieron a  la propuesta hecha por Acevedo, excandidato a la Alcaldía de Cúcuta y quien ocupará una curul en el Concejo por el Estatuto de la Oposición, así como por los electos concejales de AICO y Todos por Cúcuta. Todos coincidieron en que la seguridad ciudadana no la dan las armas.

“El problema que tiene el porte de armas, incluso con permiso, es que expone a una situación de muy alto riesgo a una persona, porque los ciudadanos del común tienen menos capacidad de usarla, ante un criminal que no tiene ningún tipo de miramiento”, planteó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de  Conflictos (Cerac).

Para el experto, la petición hecha por los dirigentes es inconveniente, mucho más en una región con tan alto riesgo de seguridad como Norte de Santander. “Tener un arma, así sea con permiso, no garantiza que vaya a haber más seguridad”, dijo.

En esa misma línea, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, consideró que si en un lugar del país hay problemas de seguridad, el que los debe resolver es el Estado y no los ciudadanos.

“El porte de armas, como derecho, no es para que la gente mate a otro, así le estén haciendo daño. La protección le corresponde al Estado. Si el argumento es que es para defenderse, es un argumento estúpido, porque lo que tendría que pedir un concejal, es que haya más presencia estatal”, señaló.

Ávila fue mucho más allá y dijo que quienes argumentan que el ciudadano que no porta el arma queda indefenso, no han comprendido que nada garantiza que, aun estando armado, esa persona vaya a poder defenderse de una banda como La Línea, La Frontera, el Eln, Los Pelusos o el Cartel de Sinaloa.

Al igual que el profesor Restrepo, el subdirector de Paz y Reconciliación sugirió que tener armas lo que aumenta es el riesgo y no soluciona nada.

Además, hizo énfasis en que en una democracia, los ciudadanos no tienen por qué estar armados.

Jairo Libreros, abogado y experto en temas de seguridad, ratificó la posición de los otros analistas, y agregó que no hay ningún estudio técnico o científico que demuestre que un mayor número de armas portadas, garantice condiciones de seguridad.

“Colombia ha demostrado, como ejemplo en América Latina, que las restricciones tienen un resultado favorable”, señaló, y dijo que cuando el Estado entrega una licencia de porte o tenencia, eso no significa que le esté trasladando el uso legítimo de la fuerza a una persona.

Libreros planteó que lo que se debe propender en regiones como Norte de Santander, es por garantizar un mayor cubrimiento del espacio público por parte de las autoridades y que la justicia tenga la oportunidad de ejercer en mejores condiciones.

Porte por periodos de tiempo

No obstante estas posturas, hay quienes consideran que la propuesta de Jorge Acevedo, Edwin Duarte Gómez y Edison Contreras Rodríguez, no es del todo descabellada, y que, por el contrario, se debería contemplar la posibilidad de permitir un porte por periodos cortos de tiempo.

Desde finales de 2015, Colombia estableció  la prohibición del uso de las armas a civiles en todo el país, con el fin de reducir el número de homicidios. A partir de ese momento, la medida se ha prorrogado y actualmente se mantiene vigente. 

Así lo sugiere el coronel de la reserva activa del Ejército y consultor en temas de seguridad y defensa, John Marulanda, quien dijo ser partidario de un porte controlado.

“Creo que se debe dar un paso más en la posibilidad de que la ciudadanía tenga armas de defensa personal y ese paso más es desmontar, no del todo, pero si un poco, las exigencias para la tenencia de armas”, manifestó.

Para Marulanda, el porte permitiría disuadir a los delincuentes. “Cada día tienen más y más armas y cometen más delitos, frente a una comunidad que se está viendo indefensa”, sostuvo.

En diciembre del año pasado, el gobierno del presidente Iván Duque se vio envuelto en una polémica, por el decreto que prorrogaba un año más la prohibición del porte de armas, pero establecía algunas excepciones.

Al final, el jefe de Estado manifestó que se mantenían suspendidos los permisos entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019, y que el derecho a las autorizaciones especiales continuaba. “El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”, señaló.

Con el que está por terminar, ya son cuatro años en los que sigue vigente la medida de no permitir el uso de las armas, así sea con salvoconducto. 

En febrero pasado, el Ministerio de Defensa señaló que 289.262 personas que tenían permiso para porte, fueron objeto de comparendo por violar alguna de las condiciones establecidas frente al uso de las armas.

Rechazan propuesta

Asociaciones de víctimas del conflicto, defensores de derechos humanos, líderes sociales, activistas, académicos, investigadores, escritores y profesionales de diferentes áreas, mostraron su rechazo a la propuesta planteada por los tres concejales electos.

En una carta que también le dirigieron al presidente de la República, Iván Duque, los firmantes aseguraron que Cúcuta está cansada de la violencia y de quienes quieren mantenerla con distintas excusas.

“Los cucuteños somos ciudadanos y ciudadanas de bien y no necesitamos armas para serlo. Todo lo contrario, nos ratificamos en nuestra amabilidad, en el deseo de trabajar por crear soluciones pacíficas, por la legalidad, la transparencia y la confianza en que el Estado puede protegernos y mantener el orden”, señalaron.

En el documento insisten en que la ciudad no necesita recurrir a los civiles armados, pues la experiencia de Colombia ya ha demostrado que esto solo genera más violencia.

“El tráfico ilegal de las armas en la frontera es responsabilidad, por ende, de los Estados colombiano y venezolano, quienes deben garantizar que no exista este mercado negro. Esta, más bien, debe ser una razón para implementar las acciones que legalmente les corresponden a los dos Estados, en procura de la seguridad ciudadana”, expresaron.

Esta es la carta de respuesta: respuesta_a_la_peticion_de_porte_de_armas.docx