Once  años después de que se comenzara a escribir la novela judicial por el pago de un reajuste que el municipio ordenó a un grupo de pensionados, un nuevo capítulo parece haber llegado a su fin.

Se trata de la investigación que cursaba contra el exalcalde Gustavo Villasmil Quintero, quien asumió las riendas de Cúcuta, en calidad de encargado, entre septiembre de 2004 y marzo de 2005, tras la primera captura de Ramiro Suárez Corzo.

Al exmandatario, la Fiscalía lo había acusado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación  en favor de terceros, por la conciliación que celebró en febrero de 2005 con el representante de los pensionados, el abogado Iván Araque Chiquillo.

El acuerdo se dio luego de que los jubilados solicitaran el reajuste de sus mesadas, estipulado en la Ley 6 de 1992 y el Decreto 2108 de 1992, y cuya suma ascendía a los $7.985 millones.

En este se estableció lo siguiente: “la rebaja de parte de la deuda, el otorgamiento de un año de plazo para pagar la acreencia a cada apoderado, el compromiso de no embargar al Municipio y la terminación inmediata de los procesos en trámite”.

Sin embargo, la conciliación terminó en problemas y los pensionados empezaron a reclamar por el incumplimiento de lo pactado, al punto que el caso llegó a los juzgados laborales.

Paralelamente, la Fiscalía también entró a verificar la presunta ocurrencia de conductas punibles en el trámite del acuerdo y en 2015 profirió resolución de acusación contra Villasmil.

En su defensa, el exalcalde insistió en que lo que trató de hacer con dicho proceso  fue evitar perjuicios mayores para el municipio, “pues con ese acuerdo se logró disminuir la deuda en casi dos mil millones, que era una obligación legal ya reconocida”.

Tras analizar las pruebas aportadas y los alegatos de las partes, la jueza séptima penal del circuito concluyó que el exmandatario no incurrió en un delito al suscribir el acuerdo de pago.

“Es claro que el procesado Gustavo Villasmil Quintero actuó en virtud de una ausencia de responsabilidad, denominada estricto cumplimiento de un deber legal, y por ello, la consecuencia que se sigue de su demostración es la absolución”, señala el fallo de primera instancia.

La jueza también consideró pertinentes las consideraciones de la Contraloría de Cúcuta, en el sentido de que no existió daño fiscal causado a los intereses del municipio, toda vez que el exalcalde “actuó en consideración a las medidas cautelares impartidas por los juzgados laborales del circuito”.

También absuelven  al abogado

En el fallo proferido ayer, la jueza séptima también absolvió al abogado Iván Araque Chiquillo, quien representaba los intereses de los pensionados en el proceso de conciliación, al advertir que no se demostró que este se hubiese apropiado de los recursos, ni que se configure un peculado por apropiación.

 “De tal suerte, nos encontramos que está debidamente comprobado, contrario a la aseveración hecha por parte de la Fiscalía, que el doctor Álvaro Iván Araque Chiquillo entregó a todos y cada uno de los beneficiarios, los dineros que por concepto de reajuste de la Ley 6 de 1992, les fueron reconocidos”, reza un aparte del fallo.

Y agrega: “Está visto que en el comportamiento desplegado por los imputados, no existen actos materiales que inequívocamente enseñen el ánimo de apropiación de su parte de los dineros entregados por el municipio de Cúcuta, como reconocimiento de la transacción celebrada entre Villasmil y Araque Chiquillo”.

El defensor de este último, Martín Santos, había alegado, igualmente, que no era cierto que fuera ilícito reconocer el reajuste pensional ordenado por la misma ley.

En marzo pasado, el Tribunal Superior de Cúcuta ya había cerrado otro de los capítulos de esta historia, al revocar la medida de aseguramiento y la condena de 10 años que le había impuesto el Juzgado Quinto Penal del Circuito a la exalcaldesa María Eugenia Riascos, por haber reconocido los pagos de los pensionados que fueron objeto de conciliación en la administración anterior a la de ella.

Esa medida también favoreció al exsecretario de Hacienda, Martín Ricardo Rincón Uscátegui, y a la exasesora jurídica de la época, María Lorena Durán, así como al abogado de los jubilados, Iván Araque.