La nueva reglamentación para el sistema de fotomultas está cada vez más cerca de ser una realidad. Una sanción presidencial le daría el aval a la implementación de esta nueva regulación. 

El proyecto de ley, que ha estado en debate desde septiembre de 2015, fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes con 87 votos a favor y uno en contra, a mediados del mes pasado.

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Uno de los cambios más significativos es la distribución del dinero recaudado. Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de Norte de Santander y uno de los ponentes de este texto, asegura que lo que buscan es acabar con el negocio en el que se han convertido ese tipo de sanciones. Carrillo afirmó que las empresas operadoras se quedan con un porcentaje cercano a 60 % o 65 % del dinero recaudado.

Con las nuevas reglas, dichas empresas recibirán un porcentaje fijo de 10%. 

De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial tendrán seis meses para que implementen la regulación de las fotomultas.

Wilmer Carrillo advirtió que “el índice de accidentalidad, el índice de muertes por accidentes ha crecido desde la implementación de este mecanismo, las fotomultas se crearon para salvar vidas y no lo está haciendo”. 

Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, la medida “es viable porque desconecta la rentabilidad del número de fotomultas interpuestas, es decir, la rentabilidad ya no dependerá de eso sino de un valor fijo”.

Otra de las modificaciones de esta nueva ley tiene que ver con el aval que debe dar el Ministerio de Transporte para la instalación de estos dispositivos electrónicos. Con la nueva reglamentación los alcaldes serán los encargados de demostrar que necesitan de estas cámaras por medio de estudios de accidentalidad, por ejemplo.

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De acuerdo con el proyecto de ley, algunos requisitos que se tendrán en cuenta son “las condiciones de infraestructura y estado de la vía, límites de velocidad establecidos en la legislación vigente, condiciones de seguridad y de movilidad en la vía”.

La ley que está a la espora de la sanción presidencial, contempla que los conductores deben ser notificados de la presencia de estas cámaras 500 metros antes de llegar al lugar donde están ubicadas.

A su vez, los infractores serán  notificados por medio de correo  electrónico y certificado. Y, además, tendrán la opción de hacer sus respectivos descargos de manera virtual.

En Norte de Santander

En el departamento, el sistema que les impone infracciones a los conductores mediante una fotografía que les toman con  cámaras montadas en vías principales, se encuentra ubicado en Los Patios, Villa del Rosario y Ocaña.

En esas tres localidades, representantes de la comubnidad que no comulgan con el negocio que se montó adelantan acciones para desmontar el procedimiento que les pone multas a quienes en un punto de las vías donde se encuentran, excedan la velocidad permitida.

En Cúcuta, el grupo ciudadano que busca la activación del referendo derogatorio para ‘apagar’ el acuerdo aprobado por el Concejo que sirvió para que el municipio entregara en concesión el alumbrado público, le pidió a la Alcaldía ‘frenar’ cualquier tipo de acción que pretenda adelantar para darle paso libre a las cuestionadas fotomultas, hasta tanto no se reglamente la ley que las regula.