La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer, con 87 votos a favor y 1 en contra en el último debate, el proyecto de ley que ordena reglamentar las fotomultas en Colombia.

A través de concesiones, alcaldes y secretarios de tránsito han adjudicado a particulares los cobros de comparendos, fotomultas y otros servicios, lo que ha originado airadas protestas de la comunidad por los abusos y atropellos de los concesionarios. 

La más aberrante situación se registra actualmente en Villa del Rosario, Los Patios y Ocaña. En Cúcuta se adelanta un proceso de recolección de firmas que busca tumbar el acuerdo del Concejo que autorizó al alcalde a entregar en concesión los servicios de la Secretaría de Tránsito, entre estos las fotomultas. También se busca tumbar otro acuerdo por el cual se entregó por 30 años en concesión el servicio de alumbrado público en la capital de Norte de Santander.  

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La agencia Colprensa informó, ayer desde Bogotá, que de aprobarse la conciliación del proyecto de ley para reglamentar las fotomultas y pasar la sanción presidencial, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrán 180 días para expedir la reglamentación. 

“Se acaban los abusos, se acaban los atropellos y los asaltos a mano armada. Vamos a reglamentar el uso y la implementación de las mal llamadas fotomultas, para que no se sigan enriqueciendo unos pocos. Vamos a ponerlos en cintura para que su plan en marcha sea realmente un tema preventivo y de seguridad vial”, afirmó el senador Mauricio Aguilar, el autor de la iniciativa. 

En el articulado se establece que debe primar la prevención y la seguridad vial para el establecimiento de las mismas, y que tras esos 180 días, las concesiones tendrán 90 días para cumplir con la reglamentación, las que no lo hagan tendrán que quitar los dispositivos. 

El ponente de esta ley, el representante de Norte de Santander Wilmer Carrillo, afirmó que se pone un “tatequieto” a las concesiones, que son las que hoy en día se lucran con esta modalidad de regulación del tránsito. 

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“Los porcentajes a las concesiones hoy se han bajado, porque se están enriqueciendo y no hacen sino tomar una foto que vale 120 pesos. De una fotomulta por exceso de velocidad que vale $376.000, les está quedando 60 % y 70 %, entonces hoy le hemos puesto un tatequieto con esta ley”, dijo el congresista nortesantandereano, al notificar que el porcentaje que les corresponde a las concesiones no debe superar el 10 %. 

Carrillo afirmó, también, que se incluyeron proposiciones que definen a los presuntos infractores, por ejemplo se debe identificar al infractor y no solo tomar la foto de la placa, y se dan ayudas para la defensa. 

“Si tu vas en Barranquilla y te multan con un vehículo y vives en Cúcuta tienes que ir a Barranquilla para defenderte. Hoy, en el articulado que se aprobó, las empresas de las concesiones están obligadas a que por medios electrónicos lo puedas hacer”, afirmó el congresista. 

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, dijo que esta es una iniciativa muy importante, pues, “va a primar el criterio técnico a nivel vial y no el lucrativo con respecto a las fotomultas, va a ser una herramienta poderosa, que es lo accidentes de tránsito. En ese sentido, el Congreso de la República toma la determinación de ponerle unos topes a la remuneración de las concesiones”. 

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Dijo que tras la reglamentación que las fotomultas deben estar “instaladas única y exclusivamente donde existan altos rubros de accidentalidad, y deben estar señalizadas y que no estén escondidas en las curvas”. 

Acción de nulidad 

Además de la recolección de firmas para buscar la derogatoria del acuerdo del Concejo de Cúcuta que autorizó la entrega en concesión de los servicios de la Secretaría de Tránsito como cobros de comparendos, fotomultas, licencias, traspasos, etcétera, en el Juzgado Noveno Administrativo se adelanta una acción de nulidad contra el acto administrativo. 

En la Asamblea, el diputado Camilo Silva promovió un debate contra las fotomultas de Villa del Rosario y ayer dijo que “todos estos cobros ilegales deben cesar hasta conocer la reglamentación de la nueva ley”. En Ocaña están demandados también los actos administrativos que dieron origen al cobro de las fotomultas.