El primer vicepresidente de la Asamblea de Norte de Santander, Wilmer Guerrero Avendaño, respaldó las acciones legales que la ciudadanía emprendió en Los Patios, Ocaña y Cúcuta para ‘apagar’ las concesiones de las fotomultas.

El diputado ocañero recordó que la corporación administrativa departamental había hecho control político al sistema de sanción a los infractores de tránsito montado en esos municipios y en Villa del Rosario, con la conclusión de que es ilegal.

Guerrero Avendaño dijo que para el caso de Ocaña se le dio respaldo al abogado Édgar Balcárcel Remolina, quien presentó la demanda de nulidad de la concesión de la fotomulta ocañera, ante un juzgado administrativo de Cúcuta.

“Consideramos que son lesivas y que violan el debido proceso, razón por la cual estamos de acuerdo en que se adelanten las demandas y los referendos derogatorios para desmontarlas”, añadió el diputado del Partido de La U.

En concepto del directivo de la Asamblea, hay dos hechos que a todas luces van en contravía del ordenamiento legal.

Primero, dijo Guerrero Avendaño, las fotomultas están diseñadas para cobrarle al infractor y para perjudicarlo, porque en ningún momento tiene posibilidad de defenderse de la notificación para pagar la sanción.

Segundo, añadió, porque son un buen negocio para los concesionarios privados que se embolsillan el 80% o 70% de los ingresos y el monto restante va para las secretarías de Tránsito.

Al indicar eso, el diputado Wilmer Guerrero comentó que los concesionarios lo que hacen es tomar una foto que se la llevan a tránsito para que la vuelva un comparendo, terminando esas secretarías trabajando para el privado que ganó el negocio de la fotomulta.

“Con el poco porcentaje que recibe Tránsito, debe contratar entre diez y quince empleados para volver esa foto en comparendo. Es tanto así, que el municipio está obligado a cobrar, así sea de manera coactiva al multado para entregarle esa plata al concesionario”, explicó Guerrero Avendaño. 

Les dijo a los miembros de los comités que buscan activar los referendos derogatorios de los acuerdos que le dieron luz verde a las fotomultas que sigan adelante, porque no se debe tener temor de las demandas de las concesionarias contra los municipios, al recordar que para eso están las acciones de repetición para que paguen los que en su momento entregaron el negocio de las multas electrónicas a los privados, en condiciones que afectan al ciudadano y a las arcas locales.