Después del fracaso que tuvo el proyecto de acto legislativo que pretendía crear 16 curules especiales en la Cámara de Representantes para  los más afectados por el conflicto, y del fallido intento por revivirlo en la legislatura que terminó el pasado 20 de junio, las víctimas siguen dando la pelea por asegurar un espacio en el Congreso desde el cual visibilizar sus condiciones y exigir sus derechos.

Bajo este argumento,  la Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander, decidió presentar una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo, para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz suscrito con las Farc y pedir que se siga adelante con la iniciativa que le da vida a las Circunscripciones Especiales de Paz, durante dos periodos consecutivos.

Como es sabido, este proyecto naufragó a finales de 2017 en el Congreso por falta de un voto, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno por salvarlo, a través de acciones judiciales, el Consejo de Estado finalmente confirmó que la reforma  no podía ser remitida por la mesa directiva del Senado para su promulgación, pues no cumplió el  número de votos requerido.

En marzo pasado, los partidos lograron un consenso para presentar nuevamente la iniciativa, con algunas modificaciones, pero al término del periodo ordinario de sesiones, la Comisión Primera del Senado la archivó, argumentando falta de tiempo para su estudio.

En vista de este panorama y de las condiciones que siguen afrontando en calidad de víctimas, un grupo de 33 organizaciones del departamento resolvió emprender una nueva travesía por lograr la protección de sus derechos y asegurar los avances que se lograron La Habana.

“En la tutela, nosotros alegamos que el acto legislativo que se hundió el pasado 29 de noviembre, sí alcanzó  las mayorías necesarias en el Congreso”, sostuvo Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Ascamcat.

Quintero señaló que la idea es que tras la instalación del nuevo Congreso, se retome el compromiso establecido con las víctimas, de sacar adelante la propuesta, y lograr así que entre octubre y diciembre se pueda convocar la elección de los 16 representantes.

El vocero de Ascamcat reconoció que esta tutela es un gran reto judicial y político, pero, al igual que Alberto Rojas, representante legal de la Mesa de Fortalecimiento, Quintero se mostró optimista de que la Corte Constitucional garantizará el cumplimiento del acuerdo de paz.

“Recordemos que por más modificaciones que se le quieran hacer al acuerdo de paz, este es un acuerdo que se hizo a la luz del Derecho Internacional Humanitario y debe ser cumplido. Esperemos que haya consenso entre las bancadas y que su aprobación sea un acto de reparación colectiva con los territorios más golpeados por el conflicto”, sostuvo el representante de víctimas.