Solo hasta dentro de dos semanas se conocerá si la jueza Segunda Penal Municipal de Pamplona, Marlen Jácome Jaimes, accede a la solicitud de libertad por vencimiento de términos del alcalde de Pamplona, Ronald Contreras o, por el contrario, confirma que deberá continuar en prisión domiciliaria mientras avanza el proceso en su contra.

Por segunda vez en una semana, la diligencia fue aplazada hasta el 11 de abril a las 3:00 de la tarde, toda vez que la funcionaria judicial pidió tiempo para estudiar el expediente que fue radicado en el Centro de Servicios Administrativos de Cúcuta desde el pasado 14 de febrero.

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La solicitud presentada por la defensa del mandatario pamplonés y su secretario de gobierno, Jeiver Saith Acero, se basa en que el escrito de acusación de la Fiscalía debió ser presentado ante el juez natural que es en Pamplona  y no en Cúcuta, como lo hizo el ente acusador.

Sair Contreras, abogado de los procesados, aseguró además, que el proceso fue conocido de manera extemporánea, pues llegó a manos de la jueza Segunda el 28 de febrero, es decir, pasados los 125 días de ley, “por lo cual se evidencia un vencimiento de términos al violar el principio de fe natural y el debido proceso”.

Sin embargo, la representante de las Fiscalía, quien participó de la audiencia mediante teleconferencia, aseguró que en este caso no hay lugar al vencimiento de términos, puesto que el escrito fue presentado al Centro de Servicios Especiales el 14 de febrero, es decir, en los términos contemplados por la ley.

“No existe violación del debido proceso, ya que se obró en un tiempo razonable para la radicación del documento, cumpliendo así con el principio de legalidad antes de los 120 días”, dijo.

El representante del Ministerio Público respaldó la posición de las Fiscalía, al sustentar que los delitos contra la administración pública son llevados al Centro de Servicios Especiales de Cúcuta, porque en el Distrito Judicial de Pamplona no existe ese organismo. 

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En ese sentido, consideró que en este caso hubo un error de la entidad encargada del reparto de los procesos y no de la Fiscalía.

En vista de la situación, la jueza pidió un tiempo prudente para estudiar lo sucedido y analizar si en definitiva se cumplieron o no los términos para la presentación del escrito en el que se formaliza la acusación contra Rodríguez y Acero.

Mientras tanto, el alcalde y el secretario de Gobierno cumplirán hoy cinco meses de estar privados de la libertad, dentro de la investigación que se les sigue por peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales.