Al completar más de cuatro meses y medio en prisión, Lola Carvajal, quien se venía desempeñando como asesora Jurídica de la Alcaldía de Cúcuta, fue dejada en libertad, y al exsecretario de Hacienda, Telésforo Blanco Villamizar, por motivos de salud, le cambiaron la medida de aseguramiento por detención domiciliaria. 

Ambos exfuncionarios son investigados por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuando Blanco se desempeñó como secretario de Bienestar Social de Cúcuta.

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La Opinión conoció que los abogados solicitaron al juez que los dejaran libres por vencimiento de términos en el caso que se les sigue.

En la audiencia de este viernes, el juez precisó que habiéndose hecho la formulación de acusación el 1 de agosto de 2017 “para la fecha de la audiencia de primera instancia habían transcurrido más de 120 días”.

Entonces, al resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos, revocó la medida de aseguramiento que profirió el Juzgado Primero Penal Municipal, contra Carvajal, por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Además, el mismo  juzgado dio visto bueno a la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva por domiciliaria para el exsecretario de Hacienda Municipal, Telésforo Blanco Villamizar.

La apoderada del exfuncionario informó que como “la fiscal dejó vencer los términos de 120 días” la semana entrante espera que el Juzgado Primero Penal del Circuito resuelva, en apelación, la solicitud de libertad de Blanco Villamizar, por la misma razón en que ayer se le concedió a Carvajal Aguilar.

Por este hecho, también fueron capturados en agosto pasado Martha Mendoza Camargo, Andrés Manuel Silva y el sacerdote católico Víctor Manuel Lazzo, empleados y representante legal de la firma contratista de la Unión Temporal Dadles vosotros de Comer, quienes días después recibieron casa por cárcel, mientras continúan las investigaciones.

Vale recordar con los implicados fueron detenidos el 29 de agosto de 2017, luego de que la Fiscalía los requirió por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por un monto de 3.640 millones de pesos.

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En la audiencia de imputación de cargos, celebrada el día 31 de ese mes, los familiares de los sindicados y algunos funcionarios públicos les mostraron su apoyo, pues aseguraron su inocencia. Pero tras conocer la decisión del juez indicaron que en el transcurso del proceso se iba a comprobar que no actuaron contra le ley.