La crisis humanitaria generada por el cierre de frontera y la masiva deportación de colombianos hacia Villa del Rosario y Cúcuta agravó entre las comunidades fronterizas un viejo y conocido fenómeno social: la invasión.

En el barrio La Playa, de Villa del Rosario, y el cerro María Auxiliadora (Cúcuta), aumentó el número de cambuches, construidos por supuestos deportados.

Según las autoridades, en estos sectores, incluso, se formaron pequeñas tiendas construidas por los connacionales desplazados desde Venezuela e invasores locales (avivatos) que con sus enseres e hijos se están adueñando de lotes privados.

Rita González, líder comunal de La Playa, afirmó “que así como hay deportados, también existen aprovechados que quieren hacerse su agosto ubicándose en este sector”.

Estas personas quieren beneficiarse del subsidio de vivienda que promete el Gobierno a todos los deportados y es por eso que cada vez son más los que llegan provenientes de diferentes lugares del país, como Bucaramanga, Ocaña, entre otros a sacar tajada de esta ayuda, dice la líder.

González también dijo que “son aproximadamente 300 cambuches los que están disgregados en La Parada”, pero no los ha denunciado “porque ellos también tienen necesidades”.

Según las comunidades afectadas, esta situación se presenta debido a la demora en la reubicación de las personas y a la falta de control de las autoridades. No obstante, el gobierno pidió a los foráneos retornar a sus ciudades de origen.

Daniela Carolina Quintero, quién vivió en el vecino país durante ocho años y es víctima de esta crisis, dijo que lleva 16 días en La Parada, a la espera de una reubicación en Tibú, su tierra natal. Es por eso que se ha asentado en la zona.

Al igual que Quintero, Kety Vuelvas también construyó un cambuche de plástico para pasar sus días “mientras espero que me den nueva casa”.

Serán desalojados: Policía

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Jaime Barrera, debido a la proliferación de invasiones este lunes se realizó el desalojo masivo de 130 falsos repatriados, que se asentaron en Siglo XXI, un barrio de la ciudadela de La Libertad.

Igualmente informó que durante el operativo se le dio captura a cinco personas por el delito de usurpación de tierras.

Barrera, aseguró que los ocupantes de las invasiones intentaron huir ante la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), pero una vez reducidos no opusieron resistencia y ahora serán presentados ante un juez.

Alcalde tomará medidas

El alcalde de Cúcuta, Donamarís Ramírez, dijo que frente a esta problemática de invasión de predios hay que tener mano dura, a la vez que destacó la reacción inmediata de la Policía.

De otro lado, el mandatario mostró preocupación por el hallazgo de la práctica delictiva de invasión de predios.

Al respecto, manifestó que no permitirá que personas inescrupulosas “quieran pescar en río revuelto”, por la actual crisis social de la frontera.

También afirmó que ya se tienen identificados a los falsos expulsados.

“La normatividad tiene penas frente a esto”, aseveró. “Vamos a evitar que estos individuos sigan haciendo de las suyas”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta agregó que en conjunto con la alcaldía, se ocupará de evitar que usurpadores saquen provecho de la situación que se vive en la frontera.

En este sentido la autoridad fue enfática en que impedirá que las personas se hagan pasar como repatriadas, cuando su intención es invadir terrenos privados o de propiedad del Estado.

Falsos deportados pueden ir de 5 a 9 años a la cárcel

Las autoridades advirtieron a los avivatos que habrá cárcel entre 5 y 9 años para los que intenten hacerse pasar como deportados o quienes sigan intentando registrarse como refugiados en los albergues, aún cuando saben que no provienen de Venezuela.

Según Donamaris Ramírez, ya se conocen casos de personas que fingen haber vivido en el vecino país y estar retornando a Colombia, por lo que ya la Policía Metropolitana empezó a identificar a los mentirosos.

"Es reprochable que haya personas queriendo sacar partido de la situación por la que pasan miles de colombianos por el éxodo que causó el presidente venezolano Nicolás Maduro".

Ramírez dijo que no permitirá “que unos vagabundos sigan yendo a los albergues a pedir ayudas y que otros estén en las calles haciendo lo mismo.

“Si encontramos que en uno, dos  o en más albergues hay falsos deportados  los vamos a judicializar”, informó.

Según el alcalde, inicialmente se partió de la buena fe de la declaración de las personas que llegaron a los albergues, pero ayer empezó a verificarse nombre por nombre la verdad sobre los inscritos.

También recordó a los deportados que hay mucha más oferta de empleo en otras ciudades diferentes a Cúcuta, y que el Gobierno nacional está ofreciéndoles las garantías en auxilios a quienes quieran irse, entre otras ayudas.

Según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungr), Carlos Iván Marquez, lo primero que hará será emitir una alerta temprana por este fenómeno de falsos deportados y luego se activará un esquema de control comunitario con la conformación de veedurías para que se denuncie a los avivatos.

Los nombres de los registrados serán objeto de un cruce de información de la base de datos de la Ungr, la base de datos del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y otros organismos como Procuraduría, Fiscalía y Policía.

La ley 599 del 2000 también tipifica multas de 200 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes e inhabilita para ejercer cargos públicos a los que reciban las ayudas del Estado sin cumplir con los requisitos.