El Juzgado Séptimo Civil de Oralidad de Cúcuta decretó la suspensión de los efectos derivados de la resolución 0362 del 14 de noviembre de 2019, por medio de la cual se modificó unilateralmente el contrato de concesión con la empresa Aseo Urbano y dio vía libre para conformar una interventoría en el relleno sanitario Guayabal, que sería pagada vía tarifa, es decir, del bolsillo de los usuarios.

Esta maniobra, que fue considerada irregular por el exalcalde César Rojas, fue ejecutada por el entonces secretario de Planeación, Jorge Omar Gandolfo.

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“Decrétese la suspensión  de los efectos de la resolución 0362 del 14 de noviembre de 2019 ante su falta de ejecutividad y ejecutoriedad, hasta tanto y de ser el caso, no quede en firme en los términos establecidos por el artículo 87 de la Ley 14   37 de 2011”, señaló la providencia.

El fallo se desprende de la admisión de una tutela instaurada por Oscar García Poveda, representante legal de Aseo Urbano S.A.

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Funcionarios de la administración de Jairo Yáñez recibieron ayer el oficio y se encuentran revisando el alcance de la orden judicial para establecer las acciones administrativas correspondientes.