Un nuevo proceso contractual iniciado por el municipio de Cúcuta pretende trasladar a los usuarios el costo de una millonaria interventoría para vigilar la operación del relleno sanitario Guayabal.

Según el concurso de méritos abierto publicado en septiembre y que se encuentra visible en el portal de contratación pública (Secop), la fuente de financiamiento de este contrato se hará vía tarifa, es decir, se aumentará el valor que se les cobra a los usuarios por el servicio de aseo, y serán estos quienes terminen asumiendo el costo de la interventoría a  través de la factura de servicio.

El contrato a 6 años estipula un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al final, los usuarios terminarán pagando 10.080 millones de pesos. 

Por este proceso, la  Procuraduría Provincial remitió un informe preventivo, en el que le advierte al secretario de Planeación municipal, Jorge Omar Gandolfo, sobre presuntos hechos irregulares en el pliego de condiciones del contrato. 

Uno de los temas más delicados que encontró la Procuraduría tiene que ver con que la forma de financiación del contrato va en contravía de la ley 142 que rige a los servicios públicos domiciliarios.

“La ley es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos solo se deben incluir elementos relacionados con la prestación del mismo, existiendo una prohibición legal de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos domiciliarios”, se lee en la advertencia que hizo el Ministerio Público a Gandolfo.

De acuerdo a la Procuraduría, las empresas solo podrán incluir en la factura de servicios públicos cobros distintos a los originados en la prestación efectiva del servicio si cuentan con la autorización expresa del usuario, algo que no se hizo en este caso. 

Además, para cargar cualquier costo a la factura es necesario contar con el visto bueno de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y en el proceso no existe evidencia de que se haya solicitado autorización para la modificación tarifaria.  

Tampoco existe dentro de los soportes del contrato un censo de usuarios que presente un cálculo de cuánto sería el incremento por estrato.

 Según la Procuraduría, el contrato que se pretende adjudicar el próximo 23 de diciembre no cuenta con disponibilidad presupuestal, por ello la alcaldía decidió cargar al bolsillo de los usuarios del aseo la financiación.

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Modifican contrato sin sustento 

Desde el año 2000 que se firmó el contrato de 0618 de concesión de servicio de aseo  con la empresa Aseo Urbano (del grupo Veolia), el municipio contrató ocho interventorías entre 2001 y 2008, pagadas con recursos del presupuesto municipal. 

A partir del 2009 y hasta el 2013 decidió prescindir de la interventoría y delegó la función de supervisión del contrato a la Secretaría de Hacienda; en 2014 la supervisión pasó a la EIS hasta el 2016 y entre 2017 y 2019 la supervisión estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. 

Ahora, el municipio decide contratar una nueva interventoría, sin que existan argumentos que justifiquen tal contrato, si se tiene en cuenta que existen certificaciones firmadas por los mismos funcionarios de la administración municipal que demuestran que no se ha presentado ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del operador y que en el relleno no se ha presentado hasta la fecha ningún siniestro. 

Otra movida del municipio que ha despertado sospechas tiene que ver con la modificación unilateral que hizo al contrato de concesión que tiene con Aseo Urbano, hoy Veolia, para poder incluir  el costo de la interventoría. 

Sin embargo, a Veolia nunca la notificaron sobre esta modificación unilateral. 

Esto, en concepto de la empresa Veolia, se constituye como una violación al debido proceso, lo que los llevó a instaurar una acción de tutela contra el municipio. 

Así mismo, se está pensando en una acción popular por el daño colectivo que puede generar en el bolsillo de los usuarios este contrato.  Con este informe preventivo se busca evitar un daño jurídico al municipio y un perjuicio al fisco municipal ya que según la Procuraduría “los argumentos planteados dentro del pliego de condiciones no cuentan con información certera de las necesidades que se puedan desprender por la supervisión o interventoría del contrato”. 

Ayer este diario intentó comunicarse con el Secretario de Planeación, Jorge Omar Gandolfo, quien aseguró que hoy despejará todas las dudas relacionadas con el contrato en mención.