Un informe nada alentador sobre la situación social y económica del Catatumbo, en el que se reportan hallazgos graves que ponen en peligro la convivencia y la implementación de los acuerdos de paz, tomó distancia de cifras y citas que el  presidente Iván Duque entregó hace tres días en Ocaña.

El informe lo entregaron  organizaciones que estuvieron al frente de la Segunda Misión de Verificación humanitaria, y se conoció en momentos en que el Gobierno Nacional puso en marcha un proyecto de mejoramiento de no menos de siete kilómetros de la carretera El Tarra-Convención, y que hace parte de la estrategia de articulación Catatumbo Sostenible.

Según el informe de verificación elaborado por organizaciones comunales, Ascamcat, el Comité de integración social del Catatumbo (Cisca) y el Movimiento por la constituyente popular, hay mucha preocupación de las comunidades de Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto y El Tarra por la alta militarización que desde finales del año pasado se presenta, pese a la alerta que sobre el particular se hizo en su momento.

Subraya, que aunque el conflicto entre las insurgencias del Eln y el Epl ha bajado en intensidad, continúa provocando riesgos en algunos municipios del Catatumbo.

Los líderes sociales de la región reiteraron que los señalamientos y estigmatizaciones persisten. En los municipios se denunciaron reiterados choques de la comunidad con el Ejército.

El informe de verificación encontró que la intensidad con que se desarrollan las operaciones militares está generando zozobra en la región, porque en lugar de aclimatarse el orden público la percepción que  queda es que se está en guerra permanente.

Algo que no comparten los campesinos del Catatumbo son los señalamientos identificándolos como auxiliadores de los grupos alzados en armas.

En materia de vías, salud, educación y condiciones socioeconómicas, se verificó que a pesar de la visibilización de denuncias y exigencias de las comunidades en el marco de la Primera Misión de verificación, no se han presentado cambios significativos en los municipios.
 
En todos los puntos visitados, se denuncia falta de personal médico, de equipamiento técnico y precariedad de la infraestructura de centros de salud. Además, no se cuenta con ambulancias adecuadas, lo que dificulta la atención en poblados rurales y pone en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los traslados en las pésimas condiciones de infraestructura vial.

La misión reafirma los hallazgos de hace un año y denuncia que los centros educativos de la región no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

José Emilio Archila, Alto Consejero para el Posconflicto, en el Catatumbo se han celebrado cinco talleres con las comunidades, afinando el plan.

Dijo que el desarrollo del Catatumbo si bien será a largo plazo, también se concretará de forma sistemática, y por ello se adelanta un seguimiento estricto, mes a mes, sobre las posibilidades de cofinanciación de los proyectos con los municipios; las condiciones de seguridad; la concreción de 10 mil millones de pesos para vías terciarias; y la materialización de un convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro para formalizar las tierras.

“Estamos trabajando en todos los frentes, pero los compromisos son traer Ejército y seguridad. Además, entender que la estabilización de los territorios solo se da en la medida que se lleve la oferta de las entidades civiles”, agrega el funcionario, para quien uno de los mayores retos será la seguridad.

Para los habitantes de Caño Indio es imperativo que se respeten los acuerdos de paz y que se implementen cuanto antes.

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Exigencias

Las comunidades exigieron al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes a favor de las comunidades del Catatumbo, pero al mismo tiempo reclamaron a los actores armados ilegales parar la guerra de inmediato.

A estos últimos, que asuman también compromisos de descontaminación de los territorios donde hay minas antipersonales y munición sin explotar, para que se garantice la vida a la población civil.

Al Ejército nacional, que se respete el derecho internacional humanitario, especialmente a los principios de distinción y de proporcionalidad que se encuentran vulnerados en el involucramiento de civiles en asuntos de índole militar.

Al presidente Iván Duque las comunidades le piden garantizar los derechos humanos. Asimismo, acompañar de manera efectiva a las comunidades del Catatumbo y ejercer un rol de mediación con los distintos actores que hacen presencia en el territorio.