El desbordamiento de la capacidad instalada para la atención en salud de población venezolana, que se suma a los colombianos que también deben ser atendidos, llevó al Concejo de Cúcuta a conminar a la administración municipal a que se declare la emergencia sanitaria, con el fin de lograr la obtención de más recursos que urge la región.

Para el presidente de la corproación, Jaime Marthey, el alcalde (César Rojas) tiene las facultades para hacerlo, así como la evidente e imperiosa necesidad de plantear la solicitud como cabeza del Consejo de gestión de riesgo, que le da facultad para declarar la emergencia.

Por su parte, el concejal Alexánder Salazar señaló que “si queremos recursos tenemos que declarar la emergencia”, y recordó que en otras ciudades como Bogotá, se declaró emergencia por el caso de las basuras, y en una zona como la de frontera cuyo riesgo de salud es alto, con mayor justificación se debería efectuar el proceso.

Le puede interesar Cascos Blancos argentinos, duras jornadas de atención a venezolanos

La solicitud de los corporados, surgió luego de conocer las cifras de atención a población migrante en control político y, sobre todo, con la declaración de la secretaria de Salud municipal, Judith Ortega, quien aseveró que pese a que se acata la instrucción del ministerio de no negar el servicio, la respuesta del Gobierno Nacional en materia de recursos sigue siendo nula.

Por ejemplo, hasta mayo de este año, la secretaría aplicó 29.319 vacunas a migrantes, en el puente internacional Francisco de Paula Santander, sin que esto le representase aumento de cobertura para mejorar sus indicadores, y mucho menos dinero adicional para cubrir estas atenciones.

Aunque el Ministerio de Salud sí envió más dosis de biológicos, y la Organización Mundial de la Salud dio un apoyo con dos auxiliares de apoyo para vacunar, aun quedan deudas pendientes.

Entre ellas, se destaca la deuda que el ente nacional tiene por atención a inmigrantes que deja al Instituto Municipal de Salud (Imsalud) con una facturación que supera los 500 millones de pesos, que no han sido pagados.

Además, se encuentra latente el temor por el ingreso de más virus y enfermedades como el mayaro, del cual ya hay advertencias.

En relación con la solicitud de los concejales, la funcionaria manifestó que llevará la inquietud al alcalde, aunque señaló que de parte del Gobierno Nacional ha faltado voluntad política, dado que si fue posible que se prometieron 4.500 millones de pesos para atender a Norte de Santander, “quiere decir que sí se puede, sin necesidad de declararla”.

Lea además Más de un centenar de inmigrantes recibe ayuda 

Tuberculosis preocupa

En desarrollo de la sesión se indicó que se registró un leve incremento de tuberculosis, con cuatro casos más que en el primer semestre de 2017, para un total de 183 casos en 2018, frente a 179, en 2017.

Sin embargo, se hizo notar que se siguen registrando pérdidas en la continuidad de los tratamientos, y la meta de reducción de menos 5.9 por ciento de pacientes que abandonan el tratamiento, no se ha alcanzado, pues se está en 9.6 por ciento.

Las causas de ello son múltiples, y según la secretaría hay situaciones urgentes por resolver, como el hecho de que los pacientes sean incluidos en los programas de adulto mayor, y apoyo nutricional, pues varios de ellos no logran ser incluidos en los programas de protección social, por no cumplir requisitos.

Debido a esto, la dependencia promueve una estrategia de apadrinamiento por parte de funcionarios públicos, que puedan aportar principalmente con la entrega de alimentos, dado que se han encontrado pacientes con peso de 34 kilos y en condiciones de extrema pobreza.

Otra de las iniciativas para resolver la situación, es la constitución de la Liga antituberculosa de Norte de Santander, para la cual ya se tiene el aval del ministerio.