Bajo presión de la justicia española, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, pospuso indefinidamente este martes la investidura del independentista Carles Puigdemont como presidente regional, provocando duras críticas desde dentro de las filas del separatismo.

A pocas horas de que debiera iniciarse la sesión de investidura en la cámara regional, Torrent anunció que "el pleno de hoy (martes) queda aplazado" hasta tanto haya garantías de un debate "efectivo y con garantías" dada la situación judicial de Puigdemont.

El anuncio fue aplaudido por el gobierno central de Mariano Rajoy, quien había iniciado la jornada advirtiendo a Torrent de "responsabilidades" judiciales si seguía adelante con el pleno en ausencia de Puigdemont, instalado en Bruselas.

"Se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia", indicó el Ejecutivo español en un comunicado.    

Y aunque intervino tras duras críticas al gobierno y al tribunal constitucional, acusados de violar los derechos de millones de catalanes, el aplazamiento de la sesión de investidura derivó en una crisis abierta en el seno del independentismo, con mayoría absoluta en la cámara regional.

La lista de Puigdemont, Juntos por Cataluña, la más votada de las independentistas en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, se quejó en un comunicado de no haber sido consultada de la decisión de Torrent, a quien había presionado para tratar de forzar la investidura.

De su lado, Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), señaló que Torrent, miembro de ese partido, intentó llamar infructuosamente a Puigdemont antes de pronunciarse.    

"Se toma la mejor de las decisiones, para tener una investidura efectiva y eficaz, (...) una investidura que nos permita el día después tener gobierno y levantar el 155", el artículo de la Constitución bajo el cual se intervino la autonomía regional de Cataluña, le defendió Sergi Sabria, portavoz de ERC.

Un destacado miembro de ERC en el Congreso español, Joan Tardá, había esbozado el fin de semana pasado la posibilidad de "sacrificar" a Puigdemont y buscar un candidato alternativo por "el bien superior" de formar gobierno en Cataluña y terminar el control regional desde Madrid.
   
Puigdemont es el candidato 
 
De todas maneras, el candidato sigue siendo Puigdemont, dijo Torrent, porque pese a estar perseguido en España por rebelión y sedición, "tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura y tiene todo el derecho".

Instalado en Bruselas desde pocos días después de la fallida declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre, tras lo cual fue destituido de la presidencia catalana, Puigdemont había pedido a Torrent garantizar "las medidas necesarias" para asistir al pleno.

Puigdemont mantuvo hasta el último momento el interrogante de si comparecería personalmente en la cámara regional, exponiéndose a ser detenido si volvía a España, cuyo gobierno desplegó un operativo especial para evitar su ingreso incluso de incógnito.

Esa era la única manera en la que podía ser elegido, dictaminó el Tribunal Constitucional tras reunirse de urgencia el sábado pasado, para estudiar un recurso del gobierno central.

En su auto, la corte prohibió una designación a distancia de Puigdemont, una alternativa elevada por el candidato y su formación Juntos por Cataluña.

Para acudir a la cámara, Puigdemont debía primero pedir permiso ante el juez del Tribunal Supremo que lleva la causa contra el núcleo duro del independentismo.

El propio Puigdemont recurrió ese dictamen y el Constitucional lo rechazó este mismo martes por unanimidad, según fuentes del tribunal.

"No aceptaremos injerencias" 
   
El empeño de los separatistas en investir a Puigdemont aumentaba la tensión en España, que vive su peor crisis política en décadas a raíz del llamado "desafío independentista".    

Luego de semanas de tensión y un referéndum de autodeterminación realizado pese a la prohibición de la justicia el 1 de octubre, el Parlamento catalán declaró la secesión de España el 27 de ese mes.

La independencia no se materializó: horas más tarde el Gobierno central intervino la autonomía regional, cesó a su Ejecutivo y convocó nuevas elecciones, para el 21 de diciembre, con la esperanza de calmar las aguas en esta región, cuya sociedad se muestra muy dividida sobre la independencia.

Pero en los comicios adelantados los independentistas retuvieron la mayoría absoluta del Parlamento y dijeron querer regresar al poder a Puigdemont, como una muestra de "dignidad" frente a Madrid.

"Ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional decidirán quién tiene que ser el presidente de la Generalitat (ejecutivo catalán)", señaló Torrent el martes.

Un bloqueo en el Parlamento desembocaría en la repetición de elecciones.