El gobierno español anunció este jueves que recurrirá ante la justicia la candidatura del independentista Carles Puigdemont para volver a presidir Cataluña, alegando que pesa sobre él una orden de detención por su papel en la fallida secesión de la región de España.

El gobierno prevé "interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la resolución (...) que propone a la Cámara al diputado Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat (ejecutivo catalán)", informó en rueda de prensa la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El recurso podría ser presentado este mismo viernes por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de cumplir este jueves con un requisito previo, solicitar un informe al Consejo de Estado al respecto, explicó la vicepresidenta.

"El fundamento de este escrito es que el estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la cámara (catalana para su investidura), ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español", prosiguió Sáenz de Santamaría.

Si el Constitucional acepta a trámite el recurso, "conllevaría la suspensión" inmediata de su candidatura, explicó la vicepresidenta. 

Puigdemont, en exilio voluntario en Bruselas desde finales de octubre para esquivar la investigación en su contra por rebelión y sedición, es el único candidato a ser investido nuevamente como presidente de Cataluña por el parlamento regional.

Cesado por el gobierno de Rajoy tras la fallida declaración de independencia hecha por el parlamento catalán el 27 de octubre, Puigdemont ha solicitado garantías para poder regresar a la sesión de investidura.

La sesión fue convocada este jueves por el presidente del parlamento, el independentista Roger Torrent, para las 14H00 GMT del martes 30, mediante un documento que ratifica que el candidato es Puigdemont.

Pero si Puigdemont vuelve a España se arriesga a ser detenido y puesto en prisión provisional, al igual que se encuentran otros líderes independentistas. Por ello, ha elevado la posibilidad de ser investido telemáticamente, algo a lo que se opone de frente el gobierno español.
   
Contra la investidura telemática
   
La sociedad catalana se encuentra muy dividida sobre la secesión, pero los independentistas volvieron a conquistar la mayoría absoluta de escaños en las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno de Rajoy tras tomar el control de la región ante la proclamación de la república catalana.

Con su grupo Juntos por Cataluña (centroderecha) y el otro gran partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), la candidatura de Puigdemont dispone de 66 escaños sobre los 135 de la cámara regional.Dentro de las herramientas para frenar la posible investidura de Puigdemont, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dijo que el gobierno español también elevó una consulta al Consejo de Estado sobre la posibilidad de elegir a un candidato "que no esté presente en la cámara".

Esto permitiría también al gobierno impugnar eventualmente ante el Constitucional una investidura telemática de producirse.

"Torrent no puede proponer al señor Puigdemont como candidato, pude proponer a otro", subrayó la vicepresidenta.

El gobierno buscará por igual impedir que puedan delegar su voto Puigdemont y otros cuatro diputados instalados en Bélgica eludiendo la justicia española, agregó.

A otros tres líderes independentistas en prisión preventiva la justicia española les ha permitido delegar el voto. 

Puigdemont, quien el miércoles desde Bruselas urgió al gobierno español a permitir su investidura con "normalidad", no ha descartado del todo volver para la sesión.

Pero el gobierno español ha advertido que no escatimará medios para detenerlo e impedir su entrada en el parlamento, incluso si lo intenta "en el maletero de un coche", en palabras del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido.

Tanto un regreso de Puigdemont y su probable detención como una investidura telemática, recurrida desde Madrid, pueden conducir a un bloqueo político en esta región de 7,5 millones de habitantes y cerca del 20% del PIB español y a unas nuevas elecciones.