Dos 'superpoderosos' de la contratación en el país, uno con experiencia en Santander y otro de Bogotá, están detrás de la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cúcuta para el 2018.

El pasado martes se cerró el plazo para que los interesados se presentaran con sus propuestas ante la alcaldía de Cúcuta, allegándose a la dependencia de la Secretaría de Educación las cartas de dos interesados en ejecutar los $15 mil 569 millones que costará el proyecto que beneficiará a 58.021 estudiantes. 

Bajo el nombre de Unión Temporal Alimenta Futuro 2018, se presentó el reconocido contratista Sergio Enrique Delgado, representante legal de MCD S.A.S., una empresa que se unió a la controvertida Surcolombiana de Inversiones, la cual tuvo problemas y críticas en Santander por cuanto a su regular ejecución del PAE en el departamento vecino.

Según lo ha registrado el sitio web La Silla Santandereana, desde 2011 la contratista "ha ocupado titulares de prensa porque, según denuncias hechas en el Congreso, guarda relaciones con el grupo de los hermanos Torrado (Efraín, el exsenador de La U, y Édgar, exconcejal de Bogotá), políticos originarios de Norte de Santander que están siendo investigados por haber construido un emporio en medio de carruseles de contratación alrededor de los programas de alimentación subsidiados por el Estado".

Este consorcio está conformado, básicamente, por las mismas empresas que se ganaron la contratación del PAE de Cúcuta este año, pero con el nombre de Unión Temporal Enlace Oriente.

Según reporta La Silla, los hermanos Torrado son también conocidos por tener conexiones políticas con el condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, de quien asegura este portal es la persona que maneja los hilos de la actual administración de César Rojas Ayala.  

El otro interesado

Al preguntársele a la propia secretaria de Educación de Cúcuta, Doris Angarita, si había más proponentes, Q'hubo se enteró de que solo hasta el mismo día del cierre (martes) llegó a las dependencias el segundo paquete con el nombre de otro poderoso interesado, esta vez desde Bogotá.

Se trata de Jairo Humberto Becerra Rojas, representante de Proalimentos – Liber S.A.S., de quien causa sospecha que en su declaración como postulado expresa en una de las líneas que "bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día de los pagos (SIC)".

Tal aclaración puede tener relación con una serie de quejas y titulares de prensa en los que se indica que la firma Liber S.A.S. (y la unión temporal Nutrir de Colombia 2016) estuvo detrás de un gigantesco desfalco por la no entrega de 640 mil refrigerios escolares en 2016, evidenciado en una auditoría hecha a dos contratos, por $34 mil millones, y revelada en primicia por El Espectador.

En una de las tantas declaraciones se destaca la del concejal bogotano Julio César Acosta, quien dijo que Liber "estaría ofreciendo alimentos vencidos, con empaques abiertos y hasta frutas magulladas".

En aquella ocasión el representante legal de dicha empresa desmintió las afirmaciones en su contra diciendo que cualquiera podía tomar una foto de una fruta en mal estado, y enlodar el nombre de su firma.