La Procuraduría General defendió este viernes su facultad para destituir e inhabilitar a dirigentes políticos que hayan sido elegidos popularmente. 

Así lo hizo en un comunicado de prensa emitido luego de conocerse la decisión del Consejo de Estado de anular la sanción dictada en contra del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, en la que se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la que se exhortó al Congreso a emitir una ley que ajuste la normatividad interna a la internacional sobre destituciones a servidores públicos elegidos. 

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La Procuraduría señaló que espera conocer la sentencia de fondo y destacó decisiones de la Corte Constitucional en las que ha ratificado sus facultades “para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular – con excepción de aquellos que se encuentren amparados por el fuero. 

La Procuraduría señaló que: "en la sentencia SU-355 de 2015 la Corte Constitucional, de manera particular, señaló que: “En materia de la competencia para destituir e inhabilitar servidores públicos – excepto aforados -, incluso de elección popular, se ha configurado la cosa juzgada constitucional. En esa medida, no es posible cuestionar o discutir la validez constitucional de la referida competencia de la Procuraduría”". 

En ese sentido, la entidad anunció que "mantiene la competencia que el ordenamiento jurídico le atribuye, con apego al debido proceso, para destituir e inhabilitar servidores públicos de elección popular, como herramienta esencial de la lucha contra la corrupción, en momentos en que estos instrumentos no se pueden debilitar".