En informe de fondo enviado al Estado colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que sea revocada la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos que le fue dictada por la Procuraduría General de la Nación al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

Se trata de la sanción que dictó el entonces procurador Alejandro Ordóñez a Petro por supuestas irregularidades en el cambio del esquema de recolección de basuras, y por la cual el mandatario acudió a la CIDH, organismo internacional que admitió el caso e incluso otorgó medidas cautelares en su favor.

Ahora, en las recomendaciones de fondo, la CIDH señaló que se debe dejar sin efectos dicha sanción de forma tal que Petro “pueda ejercer libremente sus derechos políticos, incluyendo su derecho al sufragio pasivo”.

Además, se pide reparar integralmente a Petro y adecuar la legislación interna sobre la potestad que tiene la Procuraduría actualmente de inhabilitar y destituir a personas que hayan sido elegidas popularmente.

“El Estado deberá abstenerse de aplicar el tipo penal previsto en el artículo 5 de la Ley 1834 de 2017, tomando en cuenta las determinaciones sobre la inconvencionalidad de la destitución disciplinaria o fiscal, sin condena penal en firme”, señala el documento.

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La CIDH igualmente recomendó al Estado colombiano que adopte las medidas legislativas “que sean necesarias para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, de forma tal que la autoridad que establece los cargos, no sea la misma llamada a determinar la responsabilidad disciplinaria”.

De acuerdo con la Comisión, debe haber una posibilidad para que una persona sancionada disciplinariamente pueda recurrirlos ante otra entidad de manera integral y, además, que se deben tomar medidas para que las acciones de nulidad que se pueden interponer ante el Consejo de Estado sean falladas en un plazo razonable.

Este informe fue notificado a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que anunció que está preparando una respuesta.

Cabe recordar que en la Sala Plena del Consejo de Estado sigue el estudio de la ponencia del magistrado Cesar Palomino Cortés que pide precisamente tumbar la sanción contra Petro.

De acuerdo con la ponencia, la Procuraduría no logró comprobar la existencia de dolo en las decisiones que tomó el entonces alcalde Petro sobre el servicio público de aseo.