La delimitación del páramo Almorzadero y la posibilidad de que con ella se abra la puerta a la explotación minera de carbón en Chitagá tiene en incertidumbre a los campesinos de la zona, que insisten en que el proceso parece tener la intención de despojarlos.

Así lo manifestaron el miércoles en una sesión plenaria de la Asamblea, en la cual expusieron que según la Ley 1753, que corresponde al Plan nacional de desarrollo, se establece que en las áreas delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias.

Si bien, el documento también prohíbe la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, para los pobladores es “grave” pensar en que la actividad agrícola se acabe, con una prohibición radical.

“Nosotros tenemos dos acuerdos municipales que blindan la zona de la minería”, dijo Ana Milena Flórez, presidenta del concejo de Chitagá.

Agregó que los campesinos promueven que la línea base para delimitar esté a 3.500 metros de altura y no a 2.900 metros, como se estaría proponiendo desde el orden nacional.

El alcalde de Chitagá, Freddy Quintero, reconoció el perjuicio para los campesinos con una delimitación como esta, en especial porque se afectarían 33 de las 43 veredas del municipio, y más de mil familias productoras.

“Chitagá es el primer municipio productor de papa para Cúcuta, pero también se tiene una asociación de lecheros que produce derivados lácteos en la región, que se verían perjudicados”, dijo. 

Por ello, pidió una reunión con el ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, con el fin de que se llegue a un acuerdo antes de la firma de cualquier norma y la comunidad conozca los alcances de la delimitación.

Por su parte, el diputado Jhon Eddison Ortega criticó la actitud del ministro en el sentido de anunciar “voluntad de diálogo con las comunidades, pero el cinco de junio iba a firmar la delimitación, sin concertar con la gente”.

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Señaló que de no haber sido por el paro de Buenaventura, “en el que la actitud conciliadora del ministro fue protagonista, hoy estaríamos en una situación más compleja, con un páramo delimitado arbitrariamente”.

Agregó que “detrás de cada delimitación mal hecha se terminan dando garantías jurídicas a las explotaciones mineras de la línea de páramo, para que determinadas zonas queden, o no en la jurisdicción, mientras se deja en incertidumbre jurídica a los campesinos”.

Si bien reconoció que la protección de este ecosistema es necesaria, y su delimitación también, enfatizó en que no se debe pasar por encima de los derechos de propiedad y de garantías de vida. 

Corponor responde

Jorge Pinzón, director (e) de Corponor, pidió calma e indicó que con las delimitaciones de Tamá y Santurbán no hubo desplazamiento de los campesinos de, ni expropiaciones.

El funcionario dijo que este tipo de procesos implican, tras la firma de la delimitación, un trabajo de tres años para que la Corporación defina los planes de manejo ambiental con las comunidades, y la identificación de su actividad productiva.

Agregó que es necesario llevar a la reunión con el ministro, un documento técnico para explicar las afectaciones y familias perjudicadas.

Preliminarmente, los campesinos pidieron apoyo en la construcción de semilleros nativos, asistencia técnica, restauración ecológica y protección de nacientes, con el compromiso de no expandir más la frontera agrícola.