Un nuevo episodio apareció ayer en la novela de la elección del director de Corponor con la denuncia penal que hizo el gobernador, Édgar Díaz, contra el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Socha en la Fiscalía, mientras se esperaba  la anunciada demanda del alcalde contra el mandatario departamental por supuestamente haber pagado una suma de dinero al alcalde de San Calixto, Jairo Pinzón.

Según se conoció en medios de comunicación nacionales, la procuradora delegada, María Eugenia Carreño, acogió la denuncia verbal hecha la semana pasada por el alcalde Socha sobre el presunto pago de un soborno de $300 millones, de parte del gobernador al alcalde de San Calixto, Jairo Pinzón, para que este votara en contra de Luis Lizcano, actual director de la entidad ambiental.

La procuradora declaró que está a la espera de la denuncia penal pertinente la cual está en proceso de consolidación, pues Socha afirmó que está recopilando las pruebas para demostrar que sus sospechas son ciertas.

“No me consta lo de la plata, pero las fuentes que lo afirman son muy confiables, y las cosas pasaron de forma muy evidente”, dijo el mandatario.

Entre tanto, el gobernador radicó una denuncia penal contra Socha por el delito de injuria y calumnia, argumentando que se le acusó con informaciones “falsas, malintencionadas e inoportunas”.

Díaz, que ya había rechazado públicamente las declaraciones del alcalde, dijo que responderá todos los requerimientos del ente del control porque “así quedará claro quién está mintiendo en todo este proceso”.

Por su parte, Socha dijo que no tiene ningún temor de esta demanda, y que responderá de la misma manera.

El porqué del conflicto

El origen del problema radica en que, en principio, no había calridad sobre si los excontralores tienen la experiencia requerida para cumplir con las funciones de la dirección.

Estas dudas, provenientes de las observaciones efectuadas en el proceso, fueron ratificadas por la procuradora delegada y por ello el Consejo directivo de Corponor solicitó dos conceptos que aclararan la situación.

Uno se envió al Departamento Administrativo de la Función Pública, y el otro, a la Contraloría General de la República.

Esta semana se conocieron ambas respuestas y, aunque la primera afirma que los contralores no tienen la experiencia adquirida, y la segunda que sí la acreditan, vale decir que ninguno de los conceptos es obligante para el Consejo.

Esta circunstancia ya ha sido aclarada por el gobernador Díaz, presidente del Consejo directivo, quien ha manifestado que este organismo es autónomo en sus decisiones.

En este sentido, los estatutos del mismo definen la discrecionalidad para designar al director, aunque el temor por las represalias anunciadas por la procuradora, son inocultables.

“Al final del proceso se dijo que si algún miembro del Consejo  votaba por alguna de las tres hojas de vida en cuestión, debería iniciar las investigaciones disciplinarias, y eso amedrenta a cualquiera”, refirió el gobernador.

Así mismo, se ha aclarado que el hecho de que los contralores hayan cumplido esta actividad no es una situación inhabilitante para que se dé su participación.

Sin embargo, de los cuatro años de experiencia solicitada, sí es de obligatorio cumplimiento que uno estos sea en actividades relacionas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Por su parte, se conoció ayer una respuesta del ministerio del Medio Ambiente remitida al Consejo directivo, en la que se da respuesta a inquietudes relacionadas con la votación realizada el 29 de octubre, día en el que los 12 miembros eligieron pero el proceso terminó en empate.

En la misiva, el ministro, Gabriel Vallejo manifiesta que la votación de Luis Alberto Giraldo, delegado de la entidad, por el aspirante Gregorio Angarita, se hizo porque el postulante cumplía con los requisitos exigidos.

De hecho, esto se puede corroborar, dice el documento, en la lista admitida por la plenaria del Consejo, incluso con la presencia de la procuraduría regional.

Para tener en cuenta

El Consejo de Estado, en algunas sentencias referidas a la elección de directores de las corporaciones autónomas regionales, ha emitido sentencias por similares conflictos, en Bucaramanga y Risaralda.

En el primer caso, una de las conclusiones afirma que las contralorías territoriales elaboran estudios anuales sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente, y asesoran a las entidades territoriales para prevenir posibles daños ambientales y crear una cultura de respeto por el ambiente, como política pública que debe imponerse.

“De consiguiente, para los contralores, el manejo ambiental se convierte en una ocupación fundamental, permanente y principal que, en consecuencia, permite acreditar la experiencia relacionada”.

El próximo miércoles, se espera culminar este capítulo para conocer cuál fue la elección democrática de los miembros del Consejo directivo de la Corporación.

*La Opinión