El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó este martes en el poder tras disolver el Congreso, al conservar el control de todo el gobierno a pesar de que el Legislativo lo suspendió del cargo y juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
   
El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo de momento en caos. La bolsa y el dólar se mantenían estables este martes y todas las actividades se desarrollaban normalmente.
   
Mientras tanto, Aráoz ha pasado el martes en su apartamento en el distrito limeño de Miraflores, donde fue visitada algunos opositores.
   
Tras disolver el Parlamento, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.
   
Los únicos focos de tensión en Lima eran el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.  
   
La Iglesia llamó a la calma, así como a "actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático", pero la cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una "violación de la Constitución y al sistema democrático". Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un "golpe de Estado".
   
Tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.
   
¿Dos presidentes?
   
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso y no ha coartado las libertades civiles ni copado otras instituciones.
   
La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que compete al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre "la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", aunque consideró "conveniente" que la polarización política "la resuelva el pueblo en las urnas". 
   
Los líderes del disuelto Congreso evalúan presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esta medida, aunque desconfían de sus magistrados, dijo el jefe parlamentario Pedro Olaechea.
   
"Estamos evaluando presentar un recurso al Tribunal para que defina si la disolución se ajusta a la carta magna, pero lo estamos evaluando porque hoy día sabemos que el Tribunal es adicto al gobierno", dijo Olaechea a corresponsales extranjeros.
   
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
   
Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.
   
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.
   
El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.
   
Sin embargo, el control del gobierno ha seguido en manos de Vizcarra.
   
"En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra", dijo a la AFP el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.
   
En las calles se puede percibir la popularidad de Vizcarra. "Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda", dijo a la AFP la enfermera Sandra Luyo, de 45 años, en la plaza de armas de Lima, al desconocer a Aráoz como presidenta.
   
Por su parte el abogado Ángel Sotomayor, de 60 años, manifestó también su acuerdo con la medida de Vizcarra, al considerar que el Congreso estaba "dominado por un grupo político que su jefa está en la cárcel", en referencia a Keiko Fujimori, quien se halla en prisión preventiva.  
   
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.
   
Vizcarra debe su popularidad a su cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.