El Congreso de Perú, y el que hasta este lunes era el presidente, Martín Vizcarra, se niegan mutuamente. En cuestión de horas, la crisis institucional, que enfrenta al Ejecutivo con el Parlamento, de mayoría fujimorista, llevó a un cruce de suspensiones y destituciones que dejó al país con dos presidentes.

Primero, en la tarde, el mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y convocó a elecciones anticipadas, haciendo uso de una facultad presidencial llamada moción de confianza (la cual le permite a un mandatario revocar al Legislativo si este rechaza en dos ocasiones el respaldo expreso a una petición urgente).

Sin embargo, horas después, los parlamentarios devolvieron el golpe. Con 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, declararon retirar “temporalmente” de su cargo a Vizcarra por “incapacidad moral” y, antes de terminar la sesión, incluso tomaron juramento a una mandataria encargada: la hasta ahora vicepresidenta Mercedes Aráoz.

Como explica Arturo Maldonado, profesor de la Universidad Católica del Perú, hay dos realidades paralelas sucediendo en el país y, por el momento, es difícil definir cuál se impondrá.

Por un lado, está la duda de si un Congreso revocado tenía facultades para suspender al presidente y nombrar a una nueva; sin embargo, otra interpretación –asumida por el propio Congreso peruano– señala que Vizcarra no tenía autoridad para revocar al Legislativo en primer lugar.

¿Quién gobierna?

Para entender esta aparente contradicción, es necesario profundizar en la disputa política que se abrió entre ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo, desde el momento mismo de la llegada de Vizcarra al poder en marzo de 2018, como reemplazo tras la renuncia del anterior mandatario, Pedro Pablo Kuczyinski.

Para solventar el bloqueo del Legislativo por la mayoría fujimorista en el Congreso, Vizcarra propuso dos mociones de confianza (ver recuadro) e, incluso, adelantar las elecciones para abril de 2020, con el objetivo de buscar mejorar sus fuerzas en el Parlamento, lo cual fue rechazado.

El último episodio de enfrentamiento fue el de este lunes. El Parlamento intentó renovar mediante un proceso acelerado a 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, el cual tiene potestad de decidir, entre otros temas, sobre la libertad de la líder opositora Keiko Fujimori, encarcelada preventivamente en medio de la investigación por el caso Odebrecht.

La respuesta del gobierno fue una tercera moción de confianza, con el objetivo de que el Parlamento replanteara el mecanismo de elección de magistrados. Pero, en lugar de decidir si aceptaban o negaban la moción, el Congreso comenzó a votar las designaciones de los togados.

Este aplazamiento fue interpretado por Vizcarra como un rechazo y procedió a disolver el Congreso. Sin embargo, casi al tiempo que el mandatario anunciaba su decisión, el Congreso votó favorablemente a su moción.

Con esto, fue como si el hilo que mantenía unida la ya debilitada institucionalidad peruana se rompiera. Cada uno por su lado, en la tarde del lunes el presidente convocó oficialmente a las elecciones legislativas, mientras a la par el Congreso que desconocía votaba su suspensión.

Este martes, Perú se despierta sin tener claro quién lo gobierna. Para Maldonado, es probable que el choque de poderes termine en una demanda ante el Tribunal Constitucional, pero este proceso podría tomar mínimo un mes.

En este escenario de incertidumbre, para el experto es probable que la balanza del poder se decante, en lo inmediato, por la legitimidad en la calle; lo que en principio le da ventaja a Vizcarra, quien disolvió el Parlamento en medio de la alegría de cientos de manifestantes afuera del Parlamento; una dicha que se convirtió en furia horas después, cuando allí mismo juró una nueva presidenta.