El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, consideró "inadmisible" que el Ejecutivo tardara cinco días en confirmar que el Eln tiene en su poder a la periodista colombo-española Salud Hernández y sus colegas Diego D'Pablos y Carlos Melo.

"Es inadmisible que organismos de seguridad necesiten cinco días para confirmar responsables de secuestro", escribió el procurador en la cuenta del organismo en Twitter.

Asimismo, el organismo se preguntó "¿Cuánto (tiempo) para que sean liberados?".

Su reacción llega después de que el ministro de Defensa, Carlos Villegas, confirmase que el Eln tiene en su poder a los tres comunicadores, a los que considera "desaparecidos", mientras que la Procuraduría asegura que es un "secuestro".

"Puedo comunicar en la tarde de hoy (jueves) que, con base en información de inteligencia recogida hasta el momento, hasta hace apenas unas horas, se confirma con certeza que el Eln es el responsable de estas desapariciones de los tres profesionales", dijo Villegas en una declaración a la prensa en Bogotá.

La Procuraduría dijo que el "secuestro de los comunicadores vulnera la libertad de prensa en Colombia" y pidió al Gobierno que "defienda este derecho fundamental".

Igualmente, la entidad señaló que en nombre de la negociación de paz con el Eln, que aún no ha iniciado formalmente, "el Estado no puede ceder control de territorios ni permitir vulneración de derechos".

El Gobierno colombiano y esa guerrilla acordaron en marzo instalar una "mesa de conversaciones pública" en Ecuador con el fin de llegar a un acuerdo final para terminar con el conflicto armado.

Según el plan, habrá sesiones de trabajo también en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba.

Sin embargo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, le exige al Eln que deje de secuestrar y tenga gestos de paz para iniciar formalmente las negociaciones, mientras que la guerrilla se ha negado a acoger esta petición que, argumenta, no figura dentro de la agenda que las partes acordaron para iniciar los diálogos de paz.

Asimismo, la Procuraduría condenó las "reiteradas acciones terroristas del Eln y otras organizaciones" y le exigió al Gobierno cumplir el deber de proteger vida y libertad de colombianos.

Bogotá | EFE