¿Fue un accidente o se trataría de una artimaña para no ir a la cárcel? Esa es la pregunta que ronda lo ocurrido al médico Rubén Dávila Navarro luego de que en la madrugada de ayer, supuestamente rodara por las escaleras del Palacio de Justicia, a la salida de la audiencia en la que le dictaron medida de aseguramiento en prisión.

Dávila Navarro hace parte de los cinco detenidos, señalados de integrar una presunta red dedicada a la práctica de abortos clandestinos y al tráfico de recién nacidos. Entre los delitos que les fueron  imputados por la Fiscalía se encuentran: tráfico de niños, niñas y adolescentes, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y suspensión, alteración o suposición del estado civil.

Ante el Juzgado Primero Penal Municipal, con función de garantías ambulante, se llevó a cabo la audiencia en la que además fueron cobijadas con medida de aseguramiento en prisión (decisión que fue apelada por la defensa de los procesados) las enfermeras Yasmin Alcira Muñoz Celis, de 39 años, natural de Bucaramanga, y Nancy Yaneth Bastos Torres, de 40, nacida en Cúcuta. Las mujeres residen en los barrios Patio Centro y La Cordialidad, del municipio de Los Patios.

Pese a que la Fiscalía solicitó para todos la misma medida intramural, Raúl Antonio Caicedo Chinome, de 41 años, natural de Durania y Javier Mauricio Jaimes Leal, de 40, nacido en Pamplona (compañero sentimental de Nancy Yaneth), recibieron detención domiciliaria, tras serles imputado solo el delito de falsedad en documento.

Después de la presunta caída, el médico Rubén Dávila fue atendido por personal paramédico y llevado en una ambulancia a la Clínica Santa Ana, donde hasta ayer se evaluaba su condición de salud para posteriormente trasladarlo a la cárcel de Cúcuta.

En caso tal de que la defensa solicite una revocatoria de la medida de aseguramiento, solo sería tenido en cuenta el dictamen que realice el Instituto de Medicina Legal.

Audiencia

Durante la audiencia, que se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada de ayer,  la Fiscalía expuso que el proceso cuenta con la declaración de un testigo bajo reserva de identidad, quien denunció los hechos allí cometidos, de una agente encubierta que se infiltró y se hizo pasar como cliente y las declaraciones de las enfermeras, entre otros.

Por ahora, resta un plazo de 120 días para que el ente investigador presente el escrito de acusación, donde tendrá lugar el descubrimiento de los elementos materiales probatorios recolectados y de aquellos que la defensa pretenda hacer valer en el juicio oral.

Pese a que el Instituto Departamental de Salud indicó que iniciará una inspección a las historias clínicas de los niños nacidos en la clínica La Samaritana, donde presuntamente se practicaban los abortos, la Fiscalía también indaga en las notarías de la ciudad, donde la firma del médico aparece en los registros de nacimiento.

Por ahora, el ente investigador no cuenta con denuncias.

Siguen las capturas

El coronel Jaime Alberto Barrera Hoyos, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que continuarán con el proceso investigativo para llegar hasta el fondo del alcance que tendría esta red, que vendría delinquiendo desde hace más de 20 años y que tendría como epicentro delictivo una unidad médica ubicada en el barrio La Playa, “donde serían vulnerados los derechos de los recién nacidos y los de aún por nacer”, indicó.

El oficial afirmó que la red cobraba entre $450.000 y $600.000 por un aborto. Por la venta de cada niño recibían entre 4 y 5 millones de pesos.

“Así mismo, determinar las condiciones en que se registrarían los abortos clandestinos, que alcanzarían los 15 casos semanalmente”, añadió el oficial.

¿Cómo lo hacían?

El coronel Jaime Barrera sostuvo que el primer paso, bien fuera para abortar o para negociar el bebé que estaba por nacer, era ir a una consulta con el médico Dávila.

“Las mujeres llegaban hasta el consultorio del médico y él las remitía a una clínica en Los Patios. En ese centro asistencial llevaban a cabo los abortos, si la gestación era inferior a cuatro meses; si el embarazo superaba esa etapa, el médico y las enfermeras negociaban la prolongación del embarazo, bajo supervisión, para vender al bebé”, explicó.

El oficial indicó que en este tiempo, la madre recibía los cuidados médicos necesarios a cargo de estas personas, quienes suministraban medicamentos para la maduración pulmonar de los bebés y garantizar así su normal nacimiento a los siete meses.