Desde hace más de 20 años estaría delinquiendo en Cúcuta y Los Patios, Norte de Santander, una red integrada por cinco personas dedicadas a la práctica de abortos clandestinos y al tráfico de recién nacidos.

El coronel Jaime Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), informó de la captura de los implicados, aunque no precisó sus nombres; se trata de un médico, dos enfermeras y dos ciudadanos más, de 37, 41, 57 años y 40 años, quienes semanalmente practicaban 15 intervenciones  quirúrgicas.

Expresó que las detenciones se ejecutaron en el marco de la operación ‘Alfa’ en los barrios Patios Centro, La Sábana de Los Patios y La Playa de Cúcuta, en cumplimiento de órdenes expedidas por el Juzgado Primero Penal de Cúcuta.

Barrera resaltó que la investigación comenzó en 2013 y la red delinquía en una clínica de Los Patios y una unidad médica que funciona en el centro de Cúcuta. El resultado fue en parte gracias al trabajo de un agente encubierto.

El coronel indicó que las mujeres llegaban al centro asistencial de La Playa, donde el galeno que prestaba sus servicios como médico general, quien las remitía a una clínica de Los Patios para la realización del aborto en el caso de que la gestación fuera inferior a cuatro meses; de lo contrario, el galeno y las enfermeras negociaban la prolongación del embarazo bajo su supervisión para luego vender al bebé.

Jaime Barrera sostuvo que los recién nacidos eran comercializados a parejas deseosas de hijos, que no pueden procrear, por un precio que oscilaba entre los 4 y 5 millones de pesos. Mientras que por los abortos cobraban de 450 a 600 mil pesos; los fetos eran entregados a las mamás.

Se conoció que presuntamente un niño y una niña, de 3 y 5 años, quienes aparecen registrados como hijos de las dos detenidas, habrían sido comprados por ellas, producto de esta actividad ilícita.  En la clínica se expedían de forma fraudulenta los certificados de nacimiento, usados por los supuestos padres a la hora de registrarlos en las notarías.

La policía destacó que las indagaciones continúan para determinar si hay más implicados en el caso y la posible ubicación de los infantes vendidos, pues los compradores también serán judicializados.  El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) fue informado de la situación.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por tráfico de niños, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y supresión, alteración o suposición de estado civil.