Un escalofriante descubrimiento, hecho por la Policía Metropolitana de Cúcuta, permitió la captura, después de dos años de investigación, de 5 personas que integraban una red criminal que desde hace más de 20 años se dedicaba a la práctica de abortos clandestinos y al tráfico de recién nacidos.

La estructura criminal era conformada por el médico Rubén Dávila Navarro, de 57 años, y las enfermeras Nancy Yaneth Bastos Torres, de 40 y Yasmín Alcira Muñoz, de 39, quienes trabajaban en una clínica de Los Patios. Las otras dos personas fueron identificadas como Javier Mauricio Jaimes Leal y Raúl Antonio Caicedo, este último de 41 años.

Según se conoció, Dávila Navarro es uno de los propietarios de la clínica donde se practicaban los abortos, en sociedad con dos hermanos. Además, uno de los hombres capturados es el esposo de una de las enfermeras detenidas.

El comandante de la Policía de Cúcuta, coronel Jaime Barrera, explicó que la forma de actuar de esta red consistía en atender inicialmente, en un centro asistencial del barrio La Playa (Cúcuta), a las mujeres que deseaban abortar, para luego remitirlas a la clínica de Los Patios donde se realizaban estas prácticas clandestinas.

Sin embargo, aseguró que el aborto se hacía solo si el embarazo no superaba los cuatro meses, de lo contrario, los capturados negociaban con las mujeres la prolongación del estado de gestación bajo la supervisión del galeno y las enfermeras.

“Ellos les suministraban medicamentos para la maduración pulmonar de los bebés y garantizar el normal nacimiento de los niños a los siete meses. Luego, procedían a venderlos”, sostuvo el oficial.

Los compradores eran padres que no podían procrear, particulares o personas del mismo ámbito laboral de la salud. Asimismo, se conoció que presuntamente un niño y una niña, de 3 y 5 años, quienes aparecen registrados como hijos de las dos detenidas, habrían sido comprados por las mujeres, producto de su accionar delictivo.

Además, la Policía investiga si los menores también eran vendidos en Venezuela.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que una de las enfermeras es lesbiana y convivía con otra mujer.

El oficial afirmó que la red cobraba entre $450.000 y $600.000 por un aborto. Por la venta de cada niño recibían entre 4 y 5 millones de pesos.

Barrera calificó como “indignante este tipo de actividades delictivas, donde afectan a los menores de edad, desconociendo que sus derechos prevalecen por encima de los de cualquiera”.

Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico de niños, obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y supresión, alteración o suposición de estado civil.

La pena oscila entre 30 y 60 años de prisión.

La investigación

Desde el 2013, personal del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, en coordinación con Inteligencia y la Fiscalía, a través de una agente encubierta, lograron establecer el accionar criminal de esta red, con la búsqueda selectiva de información en bases de datos, además de la alerta de una persona sobre la práctica de abortos en esta clínica reconocida de Los Patios.

El coronel Barrera agregó que fue un trabajo investigativo sólido, pues ‘no es fácil comprobar estos delitos’. Agregó que “se pudo establecer que estas personas vienen cometiendo estos ilícitos desde hace más de 20 años en esta clínica”.

La investigación permitió establecer que una mujer de 21 años fue vendida por estas personas hace 20, cuando iniciaban en la cadena criminal.

El oficial dijo que en la clínica, los integrantes de la red expedían de forma fraudulenta los certificados de nacimiento de los bebés, documento que era aportado por los supuestos padres a la hora de registrarlos en las notarías, donde asumían su papel como papás biológicos.

El oficial dejó entrever que las investigaciones podrían arrojar más capturas en los próximos días, debido a que hasta ahora se cumplió la primera fase.

Dijo que se está estableciendo la participación de otras personas en esta cadena delictiva y logrando la ubicación de menores que hayan sido vendidos, teniendo en cuenta que las personas que los compraron recién nacidos también serán judicializadas.