Manuel Alejandro Quintanilla Roa, Wilmer René Macareo, de 21 años, y Dubián Jesús Rodríguez, de 25, se allanaron a cargos y fueron condenados a 28.2 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas.

Los tres aceptaron su participación en el plagio de un transportador de víveres, en la vía El Zulia-Sardinata, a quien internaron en un camino veredal con el fin de exigirle dinero al dueño del camión. 

Los hechos se registraron en julio de 2014 y fueron conocidos por la Policía luego de una llamada al Centro Automático de Despacho (CAD) donde reportaban que varios sujetos, que se movilizaban en dos motos (una Bera Socialista, negra, placa ABOR56T, y otra Arsen Keeway, azul, AHIE67D), interceptaron el camión y obligaron al chofer a desviar su camino.

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Según se conoció, desde el sitio donde se internaron, los plagiarios tomaron contacto con el dueño del vehículo, a quien le exigían el pago del dinero o de lo contrario matarían al conductor y quemarían el automotor.   

Enseguida, personal del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) y de vigilancia de la estación de Policía El Zulia activaron la búsqueda y diseñaron un plan controlado de pago del dinero cerca de la media noche, a las afueras del casco urbano de Astilleros.

Para entonces, el coronel Necton Lincon Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que en medio del cerco policial extendido en los ejes viales de acceso y salida de la localidad, los hombres fueron interceptados cuando huían con el dinero entregado por la víctima.

En el procedimiento les inmovilizaron las motocicletas y les decomisaron cuatro teléfonos celulares.

La Policía aseguró que los detenidos serían los responsables de varios casos de extorsión cometidos a residentes en el casco urbano y zona rural de El Zulia.

“Estos hombres en algunas oportunidades señalaban pertenecer al Eln y a las Farc, mientras que en otras manifestarían integrar las bandas criminales”, sostuvo el reporte policial.

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Sin beneficios

Un Juzgado Especializado de Cúcuta aprobó dicho allanamiento y los sentenció a cumplir la pena en prisión subrayando que la decisión no incluía beneficios penales por la gravedad de los delitos cometidos. Además les impuso una pena de 7.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado.

Al término de la audiencia, los condenados fueron trasladados a la cárcel de Cúcuta por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).