Las fuerzas venezolanas de seguridad reunieron a cientos de colombianos para su deportación, dentro de una campaña de seguridad en la frontera que comparten los dos países.
 
Un total de 791 colombianos que residían sin autorización legal en Venezuela fueron entregadas al consulado general colombiano, indicó el gobernador del estado de Táchira, Jose Gregorio Vielma Mora. Las casi 800 personas fueron identificadas durante una operación de cuatro días contra contrabandistas y bandas criminales que operan en la frontera de 2.200 kilómetros (1.400 millas).
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el viernes el estado de excepción, que incluye el cierre de la frontera, después de que tres soldados resultaran heridos por hombres armados que, según Maduro, pertenecían a pandillas paramilitares que operaban desde Colombia.
 
Aunque los agresores siguen prófugos, el incidente provocó una airada respuesta de Maduro, que envió 1.500 soldados a patrullar la zona en busca de contrabandistas y bandas colombianas a las que acusa de contribuir a la violencia rampante y el extendido desabastecimiento en Venezuela.
 
El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, viajó a la ciudad fronteriza de Cúcuta para supervisar la asistencia humanitaria a los deportados. Las autoridades intentaban reunir a 37 menores separados de sus familias durante el proceso, señaló el ministro.
 
Vielma Mora rechazó las acusaciones de malos tratos a los deportados, que AP no pudo verificar, y afirmó que ni una sola familia se había visto dividida y todos los deportados fueron tratados con respeto.
 
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, un feroz crítico de Maduro, dijo en Twitter que tenía previsto viajar el lunes a Cúcuta para expresar "solidaridad con los maltratados del dictador".
 
Un miembro del gobierno colombiano que sigue de cerca la crisis señaló que si bien la situación es tensa, no hay muchos indicios que apunten a que el trato de las autoridades venezolanas a los deportados violara las convenciones internacionales. El miembro del gobierno, que no estaba autorizado a comentar el tema en público y habló bajo condición de anonimato, dijo que la mayoría de los deportados vivían sin permiso en Venezuela y probablemente participan en actividades de contrabando.
 
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que las drásticas medidas de Maduro perjudicaban a las comunidades a ambos lados de la frontera. Estaba previsto que los cancilleres de ambos países se reunieran el miércoles para intentar resolver la crisis.
 
"Cerrar la frontera trae inconvenientes, genera malestar, se pone a mucha gente inocente a pagar los platos rotos, incluso los niños", dijo Santos el sábado.
 
Las voces que se oponen al gobierno de Maduro afirmaron que la movilización de tropas es un intento de distraer la atención de una profunda crisis económica. La Mesa de la Unidad Democrática hizo un llamado a que la comunidad internacional preste atención a lo que consideran una provocación que probablemente generará pérdidas económicas y ponga en peligro las elecciones legislativas previstas para diciembre, según un comunicado del grupo en su sitio web.
 
Como parte de la campaña gubernamental contra el contrabando, Caracas ya había ordenado este año el cierre del paso de Táchira durante la noche, desplegado más tropas y endurecido las penas de prisión por contrabando. En total, el gobierno señala que más de 6.000 personas fueron detenidas por contrabando en el último año.

*Por Joshua Goodman | Caracas | AP