Se cumple el tercer año del cierre de la frontera por parte del gobierno venezolano y, aunque hay avances en identificación, atención humanitaria, y apoyo a los inmigrantes, las condiciones de Norte de Santander siguen siendo difíciles, en especial porque el flujo migratorio no se detiene desde el 19 de agosto de 2015, exacerbado en el último año por la carencia de condiciones de vida digna en Venezuela.

Las necesidades sin resolver, según autoridades regionales, se concentran en tres sectores: controles antes y durante el tránsito de inmigrantes; política pública incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, y recursos destinados a lo que requieren los territorios afectados por el fenómeno migratorio.

Juan Carlos Cortés, secretario departamental de Fronteras, afirma que la base debe ser la política pública “porque las soluciones que se están dando son de corto plazo, y se necesita que sean definitivas”, debido a que “las personas que están radicadas en el país ya hacen parte de los municipios y los departamentos”.

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La política implicará destinación de recursos para asuntos esenciales que resuelvan las necesidades de los inmigrantes, entre ellos, salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda, e integración sociolaboral.

Para ello, si bien se reconoce que los recursos del Gobierno Nacional serían insuficientes, desde Norte de Santander se conmina a dar una destinación más acertada a la cooperación internacional, según expresa Cortés.

“Pienso que a la cooperación internacional hay que darle un orden, y que sean los territorios los que digan cuáles son sus necesidades, en qué se debe invertir, y eso debe estar en cabeza de la Cancillería”, afirma.  

Según el funcionario, son los departamento y municipios los que conocen hacia dónde se deben orientar los recursos para que sean eficientes y que, al final, “se vea la cooperación”.

Así, se evitaría el asistencialismo o la repetición de ayudas, y los apoyos generarían verdadero impacto, en el sentido de generar empleo, proyectos productivos, fortalecer a los municipios y salir de la crisis que afrontan retornados colombianos, familias mixtas y venezolanos. 

‘Control, como en Peracal’

Según el gobierno departamental, se estima que a diario entre 300 a 500 personas caminan por la vía Cúcuta-Bucaramanga, rumbo al interior del país.

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Los que no lo hacen, permanecen en el área metropolitana, principalmente en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.

En este último municipio, su Concejo exige controles con la instalación de un puesto migratorio, como los que operan en los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y La Unión (Puerto Santander).

El concejal José Ignacio Rangel denunció que los inmigrantes se han tomado espacios públicos como el miniestadio de Betania, mientras que el cabildante Ciro Rangel señaló que varios de ellos participan en actividades de microtráfico, en el sector de Pensilvania, “sin que Policía o Migración hagan algo”.

De hecho, habitantes del barrio señalaron públicamente a la Policía de “recibir cuota”, mientras persiste la preocupación porque en el municipio que es paso obligado de los inmigrantes no hay freno, pese a que muchos de ellos transitan indocumentados, y no fueron incluidos en el Registro Administrativo de Venezolanos.

“Recuerdo que cuando uno iba a Venezuela había controles en San Antonio y en Peracal”, señaló el concejal Rangel, para quien es urgente que Colombia tenga el mismo principio de reciprocidad y rigurosidad, necesario para evitar situaciones de riesgo y violaciones de la ley.

Lo que se ha hecho

Permiso Especial de Permanencia

En julio de 2017 Colombia implementó un Permiso Especial de Permanencia (PEP), que en la  primera etapa regularizó a 68.374 migrantes procedentes del vecino país. En febrero de 2018 se habilitó una segunda fase, y posteriormente se efectuó un Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) que sumó 820.000 personas, las cuales serán regularizadas con PEP.

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Acceso a salud

Desde el 18 de agosto de 2017 el Ministerio de Salud permitió la afiliación de ciudadanos venezolanos con PEP al sistema de salud colombiano. El PEP y el pasaporte facilitan el acceso a servicios de salud, como cotizante al régimen contributivo o al régimen subsidiado, para quienes no tienen capacidad de pago. Quienes no poseen el PEP, o están de manera irregular tienen derecho únicamente a la atención de urgencias.

Necesidades humanitarias

76.5% Salud: Hallazgos de casos y riesgos de enfermedades como dengue, malaria, sarampión, varicela, infecciones de transmisión sexual, VIH, y otras asociadas a inseguridad alimentaria y malas prácticas de higiene. 

51.4% Seguridad alimentaria y nutricional: La insuficiencia de ingresos repercute en 30% en la inseguridad alimentaria. Mujeres gestantes, lactantes, y niños venezolanos y colombianos que retornan son los más afectados.

51.1% Agua, saneamiento e higiene: La población ubicada en asentamientos y espacios públicos está en condición de hacinamiento, sin acceso a servicios de agua apta para consumo, saneamiento e higiene. 

40.1% Recuperación temprana: Se requiere apoyo sicosocial y jurídico para el acceso a servicios básicos e integración en espacios comunitarios y escolares, que favorezcan el apoyo entre las comunidades que llegan y las de acogida.

35.7% Educación en emergencia: Faltan mejoras en infraestructura y dotación escolar, y prevención de la desescolarización para evitar que los niños sean víctimas de explotación sexual y vinculación a grupos armados.

24% Protección: Algunas venezolanas sufren explotación sexual y laboral, con riesgo de trata de personas. Los grupos armados en zonas fronterizas imparten control social, abusos, violaciones, reclutamiento y vinculación a actividades ilícitas. 

21% Albergues: Parte de las familias provenientes de Venezuela habita en las calles y proliferan asentamientos informales (rurales y urbanos), especialmente en Norte de Santander y Arauca. 

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Cifras que alarman

21% de la población concentrada en el territorio, tiene vocación de permanencia.

620% aumentó el tránsito hacia la región, en la segunda mitad de 2017.

68 asentamientos humanos se han identificado en Norte de Santander, con población proveniente de Venezuela en condición de irregularidad.

46 instituciones educativas de Norte de Santander deben ampliar su infraestructura para acoger a los niños inmigrantes.